Fuente: El Economista
El Ministerio de Transición Ecológica ha vuelto a poner contra las cuerdas al sector de la cogeneración. La decisión del departamento de Teresa Ribera de retrasar la publicación de las retribuciones correspondientes a los ejercicios de 2023 y 2024 está suponiendo un impacto del orden de 200 millones de euros y se incrementará hasta los 250 millones si el Gobierno no cumple con los compromisos adquiridos con el sector de publicar estos datos antes del verano.
Ante esta situación, la patronal Acogen ha solicitado a la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que cumpla su compromiso con el sector de publicar el nuevo marco de operación en el primer trimestre de este 2024.
El sector lamenta que su situación se hace insostenible ya que además de carecer de marco, tampoco se han publicado en el BOE los parámetros retributivos del segundo semestre de 2023 ni del primer semestre de 2024, lo que provoca una situación crítica del circulante para las empresas que sin cobrar las producciones de 2023 y del primer trimestre de 2024 están financiando ya más de 200 millones de euros.
A este extremo se añade que Ribera tampoco ha aclarado cuándo se publicará la metodología de actualización de la retribución a la operación de las instalaciones de régimen retributivo específico de cogeneración, pendiente desde marzo de 2022, ni ha dado visibilidad sobre el posible calendario de las subastas, al contrario de lo que está pasando con las renovables.
Todo este escenario está llevando a que cada vez más el peso de la cogeneración en España se reduzca. De hecho, en 2023, la producción se redujo un 2% que se suma al 22% de recorte experimentado en 2022. En apenas dos años, el número de plantas se ha reducido de 600 a 400 y mientras el sector sigue esperando –desde el año 2021– la celebración de estas subastas para iniciar un nuevo ciclo inversor. En 2023 un total de 900 MW han finalizado su vida útil y 101 industrias ven así reducido su nivel de competitividad.
En los próximos dos años, otros 2.000 MW estarán en idéntica situación y sus plantas también se verán obligadas a parar sin haber podido acometer su transformación tecnológica con su industria asociada. Esta situación afecta principalmente a empresas del sector del refino, azulejero o alimentación, entre otros, es decir, algunos de los principales exportadores.
Para Antonio Cortés, consejero delegado de Grupo Neoelectra, “el retraso real de la regulación de la cogeneración se remonta a finales del año 2021, es decir, hace más de dos años y medio, y está obligando a un gran número de plantas de cogeneración a detener su actividad”.
Recientemente, el propietario de Pamesa y presidente del Villarreal C. F., Fernando Roig, advertía también de la necesidad de regular el marco de la cogeneración para el sector cerámico y recordaba que las subastas de 1.200 MW de cogeneración están pendientes desde diciembre de 2021, lo que había obligado a parar sus 33 MW.
Los retrasos regulatorios postergan y entorpecen la política energética e industrial que el propio Gobierno lidera, perjudicando los planes de descarbonización de cientos de industrias calorintensivas en todo el territorio nacional y forzando a funcionar a otras tecnologías notablemente menos eficientes que la cogeneración.
