Fuente: Periódico de la Energía
Los Veintisiete ven “difícil” encontrar un acuerdo “ya la semana que viene” para cerrar las nuevas reglas fiscales y la reforma del mercado eléctrico, dos de los principales expedientes a resolver antes de que acabe el año, a pesar de la “ambición” de la presidencia española del Consejo para cerrarlos en las reuniones de ministros de Economía y Energía que se celebran este lunes y martes en Luxemburgo.
Aunque no descartan por completo un acuerdo sobre el diseño del mercado eléctrico ya que “todavía existe una posibilidad”, varias delegaciones coinciden en que es “pronto” para apuntar al enfoque general sobre las nuevas reglas fiscales este martes, ya que consideran que aún “no han llegado a ese punto”.
Conscientes de la “urgencia” del pacto, que se comprometieron a alcanzar antes de final de año para que las nuevas normas sean aplicables a partir de 2024, fuentes diplomáticas han asegurado que los Veintisiete trabajan centrados en establecer un buen conjunto de normas, pero apuntan a la próxima reunión de ministros de Economía y Finanzas (Ecofin) de noviembre como una fecha “más realista”.
La aspiración de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital en funciones, Nadia Calviño, era poder presentar una primera propuesta de acuerdo en el encuentro de este martes, pero, aunque el resto de países comparten esa necesidad de alcanzarlo cuanto antes, también han recordado que esta será la primera vez que los ministros puedan debatir sus posturas a nivel político, ya que hasta ahora se los avances se han dado en los aspectos técnicos.
“Es una tarea ingente”, han incidido esas fuentes que se remiten también a futuras reuniones para resolver los flecos del acuerdo, mientras piden que Luxemburgo se centre en el debate sobre las posibles zonas de aterrizaje y el abordaje de cuestiones todavía “controvertidas”, como los parámetros comunes y las salvaguardias, principales escollos de la negociación.
Estos elementos son los que complican ahora la reforma de unas normas fiscales que, tras cuatro años congeladas por la pandemia y el impacto de la guerra en Ucrania, volverán a exigir una reducción del déficit público por debajo del 3% del PIB y una deuda pública por debajo del 60%, aunque con sendas de gasto por país y más flexibilidades nacionales.
