Fuente: The Objetive
Francisco Ruiz, que ha sido directivo en Red Eléctrica (la actual Redeia) y también ha formado parte de su consejo de administración entre 2012 y 2018, participó ayer en unas jornadas en el Senado promovidas por el Partido Popular que ensalzaban el día mundial del consumidor. Allí subrayó el alto coste de la factura de la luz y defendió eliminar aquellos conceptos que no estén de forma estricta vinculados con el suministro de electricidad (como, por ejemplo, el déficit de tarifa). Para ello, el experto propone que este tipo de cargos dejen de asociarse al recibo de la luz y pasen a estar bajo el amparo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).
Ruiz comenzó explicando el funcionamiento de la factura de la luz de forma didáctica a los allí presentes. Para ello mostró los porcentajes que se pagan por el propio consumo de la electricidad y también aquellos que se pagan y no están asociados a estos. Además enfatizó que el sector energético es el único que cobra al usuario cargos ajenos a su consumo. De esta forma, puso como ejemplo al sector del transporte, donde no existe esta ‘anomalía’. «Cuando alguien compra un billete de avión paga lo que cuesta ese billete, no le meten costes relacionados con otros viajes de vuelo», relató.
Los impuestos en la factura de la luz suponen –según el gráfico mostrado por Ruiz– un 11,24%. Por otro lado, los peajes de transporte y distribución de la energía son el 26,51%, el alquiler del contador un 2,46% y otros cargos, un 10,19%. Es decir, que del total de la factura, solo el 50% (49,60% en concreto) corresponde con energía consumida. Una realidad que sorprendió a los allí presentes.
Por otro lado, el experto energético hizo una reflexión acerca de la fiscalidad que existe hoy en la factura de la luz, que la calificó de «excesiva y desordenada». En ese sentido planteó eliminar los impuestos de la ley 15/2012, salvo el canon hidroeléctrico, pidió replantear el Impuesto sobre la Electricidad (IEE) y cambiar el régimen de los derechos de dióxido de carbono. En cuanto a la estrategia a medio plazo, aseguró que era necesaria una «transición suave y razonable», recordó que a los hidrocarburos «aún le quedan décadas» y defendió la energía nuclear, una tecnología que es esencial «para descarbonizar».
Además, Ruiz señaló «la necesidad de avanzar en el almacenamiento (hidroeléctrico y de hidrógeno) para evitar generar burbujas financiadas con dinero público». Pero estas inversiones necesitaban «seguridad jurídica y regulatoria» y evitar la subvención, «con diseños de esquemas retributivos sostenibles». Por último, en cuanto a la facturación, argumentó la necesidad de «fijar una única unidad de consumo en las tarifas de baja tensión, simplificar el reparto de los costes fijos en función de la unidad de consumo único y financiar el bono social a través de las cuentas anuales (PGE)».
En esa misma jornada participó la Organización de Consumidores (OCU), que «pidió una mayor competencia y transparencia en el mercado de distribución de carburantes que se encuentra en un mercado muy concentrado». Se exigió la modificación del sistema de fijación del precio de la electricidad y una reforma fiscal que distribuya de forma justa entre todos los que forman el mercado (empresas y consumidores). Añadieron que era necesario mayor transparencia en la comercialización del gas y la electricidad.
También participó la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), que propuso aumentar la inversión en agricultura y ganadería, crear una ley de la cadena alimentaria, garantizar la soberanía alimentaria y, por último, que existiese en el sector mayor transparencia y trazabilidad. Por último, el Foro Interalimentario pidió reducir el IVA a más alimentos, un aplazamiento de impuestos y abaratar el precio de la energía.