Fuente: El Periódico de la Energía
Los costes del sistema eléctrico en España están “bastante controlados”, por lo que habría margen para que el superávit sea utilizado para aliviar la factura de los consumidores, siempre asumiendo que los ingresos de las subastas de derechos de emisión no se reducen en relación con los niveles actuales.
Es la principal conclusión del trabajo publicado este jueves por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), en el que su autor, Diego Rodríguez, propone, con la prudencia necesaria, la eliminación definitiva del impuesto del 7% a la producción eléctrica, suspendido desde mediados de 2021 como medida para frenar la escalada de precios energéticos.
Desde su punto de vista, el desequilibrio temporal de ingresos y costes del sistema al que esta eliminación conduciría, mitigado por un pequeño aumento de los ingresos procedentes de la subasta de derechos de emisión de dióxido de carbono (CO2), se cubriría con el excedente acumulado de años anteriores.
El impuesto a la producción eléctrica
Ello a la espera de que la desaparición ya prevista de los costes de la deuda en tres años vuelva a reconducir al sistema a una situación de equilibrio.
En una nota de prensa, Fedea asegura que, a falta de su cierre definitivo, el ejercicio 2022 concluirá con un “extraordinario superávit” en el sistema de liquidaciones del sector eléctrico, el “mayor registrado hasta ahora”.
En su trabajo, el autor destaca la notable reducción en los ingresos regulados procedentes de los peajes y cargos debido, fundamentalmente, a la reducción de estos últimos en la factura y a la caída de la demanda eléctrica en el bienio 2021-2022.
Sin embargo, señala, esa disminución ha sido compensada muy sobradamente por dos vías.
En primer lugar, por la inyección de ingresos adicionales provenientes de transferencias desde el sector público.
En concreto, estos ingresos se situaron en un promedio de 2.750 millones de euros en 2018-2020 y se incrementaron a 3.800 millones en 2021 y a más de 8.000 millones en 2022.
Esta aportación se debió a que, a las fuentes tradicionales procedentes de la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética y de las subastas de derechos de emisión de CO2, se unieron distintas transferencias desde los Presupuestos Generales del Estado para compensar la caída de ingresos por las iniciativas para paliar el incremento de los precios de la energía.
En segundo lugar, esas mismas subidas de precios en los mercados, junto a la adopción de ciertas medidas regulatorias, empujaron a la baja los costes asociados a la retribución específica de renovables, cogeneración y residuos.
Asimismo, condujeron a una disminución en la retribución adicional que perciben los generadores térmicos en los sistemas no peninsulares.
Por último, Fedea recuerda que el coste de la deuda del sistema eléctrico se reducirá fuertemente en el ejercicio 2027, con un pequeño remanente final que deberá ser liquidado en 2028, de modo que la desaparición de ese coste, actualmente en el entorno de 2.400 millones de euros anuales, “será un elemento muy importante en la reducción de los costes del sistema”.
