Fuente: Invertia
La batalla que en los últimos meses ha enfrentado a las grandes eléctricas con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por la nueva retribución para las inversiones en redes de distribución apunta a que se resolverá en los tribunales. Fuentes del sector consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia dan por segura esta vía legal.
El último capítulo de este pulso regulatorio se ha vivido este jueves con la reunión del Consejo de Estado, que incluía dentro del orden del día el debate sobre la circular que establece la rentabilidad reconocida a estas infraestructuras, según varias fuentes.
Se trata de un dictamen, no vinculante, que permitirá a Competencia cerrar el texto definitivo antes de su aprobación formal.
Con todo, el contenido exacto del dictamen no se conocerá de inmediato. Primero se remitirá de forma interna al Ministerio de Economía, Comercio y Empresa y a la CNMC para que lo analicen. El sector eléctrico y la sociedad podrían tener que esperar varias semanas para conocer su contenido.
Iberdrola, Endesa y EDP, no obstante, han cuestionado públicamente esta metodología. Consideran que infravalora el riesgo de invertir en redes en España por la forma en que se seleccionan parámetros como la prima de riesgo o la beta.
Denuncian que el resultado queda por debajo del 7-7,5% que reclaman y que el propio Ministerio para la Transición Ecológica ha respaldado en sus orientaciones de política energética. Algo que, a su juicio, amenaza los planes de inversión necesarios para electrificación y renovables.
El sector también ve incoherente la tasa propuesta si se compara con la retribución aprobada recientemente para otras grandes infraestructuras reguladas, como las de Aena o Adif, donde se reconocen retornos sensiblemente superiores.
A juicio de voces del sector eléctrico, el regulador aplica en electricidad un modelo más restrictivo en medias aritméticas que comprime la rentabilidad. En cambio, en aeropuertos y ferrocarril se asume un perfil de riesgo mayor y se otorga un colchón adicional para garantizar la financiación de nuevas inversiones, lo que alimenta la sensación de agravio comparativo y refuerza la decisión de llevar la circular a los tribunales.
Fuentes del sector se muestran relativamente optimistas respecto al dictamen del máximo órgano consultivo del Gobierno, al que ven como una oportunidad para corregir algunos de los aspectos más polémicos de la circular.
Aunque su pronunciamiento no es vinculante, las compañías dan por hecho que cualquier reproche jurídico o advertencia técnica que formule el órgano que preside Carmen Calvo será incorporado a sus recursos contencioso‑administrativos y utilizado como munición en los tribunales frente a la decisión de la CNMC.
Tensiones
La decisión ha llegado después de una votación muy discutida en el consejo de la CNMC, que evidenció profundas discrepancias sobre el nivel adecuado de retribución de las redes.
La tensión entre el regulador y las eléctricas se ha intensificado y desde Competencia consideran que las eléctricas han ejercido demasiada presión sobre su decisión técnica.
La presidenta del organismo, Cani Fernández, ha defendido públicamente el proceso. “Desde el primer momento ha habido un proceso de escucha y diálogo abierto. Disponer de una tasa única para todo el periodo de seis años ofrece certidumbre y previsibilidad, evitando la volatilidad que se observa en otros países”, afirmó durante el II Observatorio de la Energía organizado por EL ESPAÑOL-Invertia.
Fernández subrayó que el modelo propuesto premia la eficiencia y estimula la inversión responsable. Además, según remarcó, incluye incentivos adicionales que podrían añadir entre 100 y 200 puntos básicos a la TRF si las distribuidoras vinculan sus inversiones al crecimiento real de la demanda.
La presidenta del regulador añadió que mantener una tasa fija cobra especial sentido en el contexto de los recientes descensos de los tipos de interés del BCE, situados hoy en torno al 2,15%.
Según Fernández, este escenario facilita la planificación financiera de las compañías y ofrece estabilidad a largo plazo, un factor clave para los proyectos de electrificación y transición energética.