Fuente: El Economista
El Ministerio para la Transición Ecológica ha abierto una consulta pública previa para modificar el Real Decreto 390/2021, la norma que fija el procedimiento básico del certificado de eficiencia energética de los edificios en España. El objetivo es recabar aportaciones de ciudadanos, empresas y organizaciones antes de redactar el proyecto de real decreto, en el marco del trámite previsto en la Ley del Gobierno.
El periodo para enviar observaciones comenzó el miércoles 7 de enero de 2026 y permanecerá abierto hasta el viernes 6 de febrero de 2026. La reforma se enmarca en la transposición de la Directiva (UE) 2024/1275 sobre eficiencia energética de los edificios, publicada en mayo de 2024, que obliga a los Estados miembros a actualizar sus marcos regulatorios y herramientas de información al mercado inmobiliario.
Qué quiere cambiar el Gobierno
El MITECO plantea adaptar el sistema nacional de certificación energética al nuevo marco europeo y “favorecer la transparencia”, con una revisión que afectaría tanto al contenido del certificado como a su gestión y control. Entre los ámbitos que el Ministerio quiere “analizar y establecer” en la futura norma destacan la introducción de indicadores adicionales, la revisión de la escala de calificación, el refuerzo del sistema de inspección y la mejora de la digitalización y accesibilidad de la información.
La consulta anticipa, además, un posible ensanchamiento del ámbito de aplicación del procedimiento básico a un mayor número de edificios, un punto especialmente relevante para propietarios, gestores de carteras inmobiliarias y sectores como el turístico o el terciario, donde el certificado es una pieza habitual en operaciones de alquiler y compraventa.
Nuevos indicadores: emisiones e “inteligencia” del edificio
Uno de los cambios de mayor calado es la incorporación de indicadores que van más allá del consumo de energía. El Ministerio menciona de forma expresa el Potencial de Calentamiento Global y el Indicador de Preparación para Aplicaciones Inteligentes (SRI), recogidos en la directiva. En la práctica, esto abre la puerta a que el certificado evolucione hacia una herramienta más vinculada al impacto climático y a la capacidad del edificio para operar de forma flexible con señales externas, autoconsumo o almacenamiento, aspectos que la normativa europea impulsa en paralelo a la descarbonización del parque edificatorio.
El borrador que salga de este proceso puede influir en el mercado de la rehabilitación, en la demanda de servicios de auditoría energética y en la estrategia de fabricantes e instaladores de soluciones de climatización eficiente, envolvente térmica y sistemas de control.
Escala A-G y la posible llegada de una letra “A+”
La consulta pregunta de manera explícita por un elemento que puede resultar especialmente visible para el ciudadano: la posible incorporación de una letra adicional “A+” en la escala de calificación, vinculada a edificios con prestaciones superiores a las de los edificios de cero emisiones.
En su explicación divulgativa de la directiva, el propio MITECO recuerda que, antes del 29 de mayo de 2026, el sistema de certificación debe adaptarse a una escala comunitaria de la “A” a la “G”, donde la “A” corresponde a edificios de cero emisiones y la “G” a los menos eficientes del parque nacional, con obligación de asegurar una distribución adecuada del resto de letras. También se contempla la posibilidad de definir clases adicionales, entre ellas la “A+”, para edificios con una demanda energética significativamente inferior al umbral del edificio de cero emisiones y con generación renovable in situ superior a su demanda anual.
Pasaporte de renovación y más datos públicos
Otro eje es el “pasaporte de renovación energética”, que la consulta plantea vincular al certificado. La idea es acercar al propietario una hoja de ruta de mejoras, potencialmente escalonadas, con capacidad de orientar inversiones y priorizar actuaciones. El planteamiento encaja con la intención europea de acelerar la rehabilitación del parque, especialmente en los edificios menos eficientes, y con el despliegue de instrumentos financieros y ayudas que suelen requerir trazabilidad técnica de las mejoras.
Asimismo, el Ministerio pone el foco en las bases de datos y los datos de acceso público, así como en los expertos independientes y los sistemas de control. En España, el certificado se apoya en procedimientos y registros que gestionan las comunidades autónomas, por lo que cualquier rediseño del esquema de información y supervisión puede tener implicaciones administrativas y operativas para técnicos certificadores, plataformas digitales y autoridades de control.