Fuente: El Economista
El Ministerio de Transición Ecológica ha puesto sobre la mesa un recorte a la retribución de la cogeneración que puede ascender a cerca de 2.600 millones durante el periodo que abarca de 2026 a 2031, según las cuentas que maneja Acogen.
Este tijeratazo, de más de 400 millones anuales, significa en la práctica poner en riesgo un total de 600 industrias y más de 200.000 puestos de trabajo en nuestro país de sectores tan diversos como el azulejero, la alimentación, el papel, el vídrio o el refino.
“Mientras Alemenia promueve nuevas cogeneraciones, el Gobierno de España aprueba ayudas para cerrarlas en un alarde de ignorancia e insensatez” explican. “Las industrias no entienden este nuevo golpe del Ministerio a la cogeneración, en un momento tan comprometido para las empresas que fabrican en España” sostienen desde Acogen.
El sector tiene previsto presentar hoy las alegaciones a la Orden planteada por el departamento de Sara Aagesen. “Nos dice el Mininisterio que aleguemos…pero ¿cómo pueden proponer arruinarnos súbitamente sin razón? Transición Ecológica especula con el cierre de nuestras industrias, no es ecológico: es distópico” indican.
Alegaciones al Gobierno
En la primera alegación, a las que tuvo acceso elEconomista.es, se denuncia que la Propuesta deja de reconocer el coste real de los derechos de emisión de CO2 que soportan las cogeneraciones.
La normativa actual obliga a cubrir todos los costes mediante la retribución a la operación, lo que incluye el parámetro VCO? para reflejar el coste efectivo de los derechos de emisión no gratuitos.
La Propuesta de Orden reduce un 30% el valor del VCO2 y elimina la diferenciación entre sectores con y sin riesgo de fuga de carbono, sin justificación normativa ni económica. Esto supone, según Acogen y la asociación de purines Adap, una infracción del principio de suficiencia retributiva que vulnera la seguridad jurídica, contradice la jurisprudencia del Tribunal Supremo y pone en riesgo la viabilidad de buena parte del parque de cogeneración, con un impacto estimado de alrededor de 250 millones al año hasta 2031.
Por este motivo, el sector reclama recalcular el VCO2 de forma que se reconozca la totalidad de los costes de las emisiones, siguiendo el modelo 2020-2025 y proyectándolo conforme a la normativa de comercio de emisiones para 2026-2031.
Denuncias al Supremo
En caso de no corregirse estructuralmente este punto, las asociaciones anuncian que recomendarán a unas 600 empresas la interposición de recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Supremo.
La segunda alegación se dirige a los costes de operación y mantenimiento. La Propuesta de Orden aplica, de manera uniforme, un aumento del 1% anual para 2026-2028 respecto a 2025. Las asociaciones sostienen que este criterio mantiene un desfase acumulado importante. Para acreditarlo, aportan un estudio de PwC basado en cuentas anuales auditadas de 70 instalaciones (cogeneraciones, plantas de purines y lodos), con 1.303 MW de potencia, que concluye que los costes reales crecieron un 58% entre 2020 y 2024, es decir, unos 13,5 euros/MWh, mientras que la regulación sólo los ha actualizado un 1% anual, generando una brecha de 11–12 euros/MWh. El estudio muestra que el Índice de Precios Industriales (IPRI) reproduce mucho mejor la evolución del OPEX y piden o bien vincularlo a este índice o, en ausencia de previsiones oficiales, adoptar una hipótesis de incremento del 2% anual para 2026-2031, alineada con el objetivo de inflación del BCE y corregir el desfase acumulado entre 2020-2024.
También se subraya que la reducción del 30% en las horas de funcionamiento sin ajustar los costes fijos evidencia un error que eleva los costes unitarios, lo que supone un impacto de 150 millones anuales.
La tercera alegación identifica un error técnico en el cálculo de la retribución a la inversión para el periodo 2026-2028. Según las asociaciones, el valor de ajuste por desviaciones del precio del mercado en 2023 se habría obtenido sin aplicar correctamente la metodología vigente, ya que no se habrían multiplicado los límites anuales superior e inferior del precio medio del mercado diario por el coeficiente de apuntamiento estimado. Se solicita, por tanto, corregir este cálculo para que la retribución resulte coherente con la normativa, estimándose un impacto de 75 millones en el trienio 2026-2028.
La cuarta alegación reclama el reconocimiento de costes en Mibgas. La normativa incluye hoy determinadas cuotas reguladas asociadas al gestor del mercado, pero este esquema cambiará tras la eliminación de la retribución transitoria de MIBGAS por un nuevo sistema de cuotas y comisiones –incluida la futura metodología como Gestor de Garantías– a partir de 2026. Esto reducirá el coste regulado del gas pero trasladará a los comercializadores nuevas comisiones no contempladas en la metodología actual.
En todo caso, Acogen asegura que “recuperar la cogeneración es imprescindible para reequilibrar las políticas energéticas en España, con más competitividad y más seguridad de suministro. O recuperamos ahora, o cerramos“.
“Los cogeneradores en España no nos rendimos. Nos jugamos mucho: que cientos de industrias sigan produciendo aquí, y no se vean obligadas a macharse o cerrar”, indicaron a este diario.