Fuente: El Economista
El pasado 1 de junio, el Parlamento Vasco aprobó una proposición de ley para agilizar los trámites administrativos necesarios para instalar paneles solares destinados al autoconsumo o para instalar puntos de recarga en edificios. En concreto, la norma aprobada, que modifica la Ley de Suelo y Urbanismo hasta ahora vigente, elimina la necesidad de pedir la licencia municipal de obra para dichas instalaciones.
La nueva ley, a propuesta de EH Bildu, ha contado con el voto favorable de todos los partidos políticos de la cámara.
De esta manera, la gestión administrativa de este tipo de instalaciones será más ágil, ya que ahora bastará con una comunicación al Ayuntamiento correspondiente antes de ejecutar la obra, aunque se contemplan excepciones (como cuando se realicen en edificios declarados como bienes de interés cultural, cuando las obras afecten a la cimentación o a la estructura del edificio o cuando requieran una evaluación de impacto ambiental).
Suprimido en todo el país
Más allá de la repercusión de la medida en el territorio vasco, la medida también ha tenido un carácter noticioso a nivel nacional, puesto que el País Vasco era la única región de España que, hasta la fecha, mantenía esta barrera administrativa al autoconsumo.
Esta noticia ha sido celebrada por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), la cual se atribuye parte del mérito de la reforma. “La eliminación de la licencia de obras en el País Vasco supone la consecución del trabajo iniciado por UNEF para la eliminación de estas barreras administrativas a lo largo de todo el territorio español. Es una buena noticia que incentiva la consecución de la Hoja de Ruta de Autoconsumo, pieza clave para culminar con éxito la transición energética en nuestro país”, ha recordado José Donoso, director general de UNEF.
Para la asociación, esta medida supone un avance que va a permitir agilizar considerablemente el proceso de administrativo para instalaciones de autoconsumo. Según UNEF, este trámite actualmente se demoraba hasta ocho meses. Por ello, consideran que el nuevo texto vigente permitirá a la ciudadanía y a las empresas de la comunidad autónoma reducir el precio de su factura eléctrica mientras contribuyen a frenar el cambio climático.
