Fuente: El Periódico de la Energía
Los cargos netos a financiar por los consumidores de electricidad en 2025 ascenderán a 3.526,54 millones de euros, un 39% más que los 2.532,74 millones de 2024, después de que el Gobierno los redujera en 2021 para paliar en los consumidores los efectos de la guerra de Ucrania.
Los cargos forman junto con los peajes, que fija la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), la parte regulada de la factura eléctrica.
La mayoría de los costes corresponde a la retribución del régimen retributivo específico de renovables, cogeneración y residuos (Recore), con 4.192,2 millones; y a las anualidades de déficit de actividades reguladas (2.390,4 millones).
El Gobierno redujo en otoño de 2021 los cargos de la factura eléctrica y los mantuvo un 55% por debajo del nivel precrisis en los últimos ejercicios.
La diferencia se ha estado cubriendo con superávit de años anteriores y aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), pero ahora, una vez superadas las tensiones de precios, el Gobierno ha decidido que es hora de volver a la normalidad para mantener el equilibrio financiero del sistema eléctrico.
El recibo del consumidor residencial, un 7% mayor a 2019
Sumados todos los importes, la factura prevista para 2025 de un consumidor residencial será un 7% superior a la de 2019, inferior a la inflación acumulada estos años, del orden del 18%.
Por otro lado, el proyecto de orden del Gobierno también aprueba el reparto de las cantidades a financiar relativas al bono social, que parte de la propuesta remitida por la CNMC.
Según la facturación estimada, el reparto de la financiación del bono social para 2025 un 48,35% lo sufragara la actividad de comercialización; un 40,70%, la de producción; un 8,38%, la de distribución; un 1,75%, la de transporte, y un 0,83%, los consumidores directos.