Fuente: El Economista
Seis de las ocho provincias de Andalucía han alcanzado el 100% de ocupación en sus redes de distribución eléctrica. Hay margen en Córdoba que está al 96% de ocupación, y Sevilla, que alcanza el 99%. La media de saturación de la red de distribución en la comunidad autónoma es del 92%, frente al 83% de la media nacional. Las inversiones estructurales en la red de transporte dependen de la planificación del Ministerio para la Transición Ecológica. La Junta asegura que aún hay margen para nuevos proyectos.
El problema ha empeorado en los últimos meses. Según datos de Red Eléctrica publicados el año pasado, el 92,8 % de los nodos andaluces estaban ya al límite de su capacidad, pero sólo se había llegado al 100% en Almería y Málaga. Jaén estaba al 99%, Huelva al 92%, Sevilla y Cádiz al 93% y Córdoba al 84%. Granada, con un 68% aún tenía algo más de margen.
El consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, no ha ocultado lo complicado de la situación en un encuentro con periodistas tras la publicación de los mapas de capacidad por parte de las distribuidoras. Desde la administración andaluza, que no tiene competencias directas en esta materia, se admite que el panorama es comprometido. De hecho ya ha trascendido que afecta a inversiones relevantes, como a un centro de datos de 1.000 millones de euros que intentó implantarse en Málaga y finalmente recaló en Aragón, o a 16.000 viviendas bloqueadas en Málaga.
Pero sin ocultar lo que está pasando, también se transmite desde la Junta el mensaje de que aún hay margen de maniobra para dar potencia a nuevos proyectos.
Garantías y potencia liberada
La saturación reflejada en los mapas oficiales no afecta a las inversiones en marcha con derechos ya concedidos. Los indicadores de ocupación incluyen la potencia concedida en firme. Los proyectos con condiciones técnico-económicas aprobadas mantienen su reserva de energía asegurada.
Lo que se busca ahora es aumentar la capacidad disponible mediante los mecanismos del Real Decreto-ley estatal anticrisis del pasado mes de marzo. La normativa establece el 22 de junio como fecha límite para que los promotores renuncien a la potencia reservada sin penalización económica. Hasta ahora, los derechos de acceso se concedían sin límite de plazo y existen reservas inactivas desde hace una década. A partir del 22 de junio, las empresas deben abonar un pago mensual por la reserva de capacidad no utilizada. Los operadores prevén que la obligación de pago forzará la renuncia de proyectos inviables y liberará márgenes de potencia en los nudos saturados.
Hay además otras vías alternativas para dar suministro eléctrico a nuevos proyectos. Las industrias con demandas superiores a los 50 megavatios pueden solicitar la conexión directa a la red de transporte de alta tensión. Existen nudos de transporte con capacidad disponible en Andalucía, aunque la ubicación de la potencia no siempre coincide con el emplazamiento de los proyectos.
Otra opción depende de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Este organismo debe resolver los valores de referencia para determinar qué volumen de potencia de la red de transporte se transfiere a la red de distribución local.
Las inversiones estructurales en la red de transporte dependen de la planificación del Ministerio para la Transición Ecológica. Hay más de 1.000 millones de euros asignados a al comunidad. El proceso se encuentra paralizado debido a las más de 1.600 alegaciones recibidas. La Junta de Andalucía presentó sus objeciones antes del 15 de diciembre tras recibir una asignación del 11,8% de la inversión total del Estado, que se considera insuficiente. El Ejecutivo autonómico señala que el 52% de esa cuantía correspondía a inversiones retrasadas del ciclo anterior y un 60% a mejoras del sistema nacional que no atienden demanda interna.
Ante este retraso, la Consejería supervisa los planes anuales de inversión de Endesa en la red de distribución. Las delegaciones territoriales realizan el seguimiento de las obras prioritarias en las zonas saturadas. Entre estas actuaciones se encuentran el Plan Puerto en Sevilla para el suelo industrial y la nueva subestación de La Puebla de Cazalla para dar suministro a los municipios de la Sierra Sur. Las obras presentan distintos niveles de ejecución según la provincia, con proyectos finalizados en Almería y Granada, y avances del 50% en Córdoba y Huelva.