Fuente: Libre Mercado
El que avisa no es traidor y, en este caso, el gobierno de España viene avisando desde hace tiempo. Viene avisando de su odio visceral e irracional a la energía nuclear, un odio que nos está aislando del resto del mundo y que nos pasará factura a todos los ciudadanos. Parece ser característica de este gobierno no cumplir lo pactado, ni siquiera en una materia tan seria como la energía, base de todo nuestro bienestar e ingrediente crucial en nuestro desarrollo económico y nuestro progreso.
Hace unos años, cuando llegaron al gobierno, llevaban en el programa electoral el cierre de las centrales nucleares. Una vez alcanzada la Moncloa, obligaron a las eléctricas a pactar un calendario de cierre de las plantas nucleares (mejor eso que un cierre inmediato) y, como contrapartida, subieron la tasa que las nucleares pagaban por la gestión de sus residuos y el desmantelamiento de las plantas. La subida fue de un 20%, nada más y nada menos. Además, el gobierno se comprometió a que no habría más subidas de dicha tasa. Lo ha incumplido, obviamente.
Las centrales nucleares son las que pagan el coste de gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento. Sin embargo, la gestión de dichos residuos corresponde a una empresa pública, mientras que la definición de la estrategia para gestionarlos le compete exclusivamente al gobierno. Es decir, disparan siempre con pólvora del rey, puesto que toman decisiones que no pagan ellos. Así es fácil perder la perspectiva de la realidad.
Y éstas, obviamente, no están por la labor. ¿Por qué unas empresas privadas tienen que financiar la ineptitud del gobierno central? ¿Por qué tienen que asumir los sobrecostes de una actividad que podría haberse realizado de manera más eficiente? Para pagar estas desviaciones, el gobierno ha subido unilateralmente la tasa en un 30%. Esto significa que las centrales nucleares pasarán ahora de pagar unos 450 millones de euros al año a casi 600 millones.
Para consumar este atraco institucional, el gobierno ha hecho oídos sordos a todas las alegaciones que la industria nuclear presentó en tiempo y plazo. Resulta llamativo desde un ministerio que siempre llama “al diálogo”, desafortunadamente debe ser solo para los ungidos por el sectarismo contemporáneo.
Cerrar las centrales nucleares es un error inconmensurable. Es una estupidez de magnitudes siderales. Los españoles sufriremos precios más altos de la electricidad en horas sin Sol, emitiremos más gases de efecto invernadero, pagaremos más tasas a la emisión de CO2, importaremos más gas y tendremos menos seguridad de suministro. Por si esto fuera poco, estaremos cerrando la producción del 20% de la electricidad de nuestro país, que si fuera reemplazada íntegramente por energías renovables (ni en sus mejores sueños) implicaría una enorme inversión que resulta totalmente innecesaria, puesto que ya tenemos esa energía disponible. Terminaríamos igual que antes de empezar, habiendo gastado miles de millones de euros en el camino.
Todo esto va en contra del sentido común, pero también de los objetivos climáticos. Cerrar unas centrales que reciben el apoyo institucional de Europa en la lucha contra el calentamiento global únicamente puede ser explicado desde una agenda ideológica de difícil encaje. No se pueden aprobar leyes de emergencia climática y luego cerrar el 20% de la electricidad libre de emisiones en un país. Es una contradicción que únicamente pueden justificar cargos políticos con intereses partidistas y su banda de palmeros a sueldo. Es malo para los intereses generales, es malo para el bienestar de los españoles, es malo para la economía, es malo para el clima, es malo para la biodiversidad y es malo para los ecosistemas. Solo es una buena noticia para Putin… igual tenemos que empezar a unir los puntos.
