Fuente: El Economista
El Consejo de Ministros ha dado hoy un paso más adelante para cumplir los acuerdos de Gobierno entre el Partido Socialista y Sumar. La formación de Yolanda Díaz reclamó a Pedro Sánchez la recuperación de la antigua Comisión Nacional de Energía, como institución autónoma de la actual Comisión Nacional de Mercados y Competencia y en los últimos días había también reivindicado la recuperación de la Comisión del Mercados de las Telecomunicaciones.
Ahora, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y del Ministerio de Economía da hoy luz verde al inicio de la tramitación legislativa para el restablecimiento de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), con la apertura a audiencia pública del Anteproyecto de ley de esta nueva entidad que pretenden tramitar por “vía de urgencia”.
La CNE se constituirá como entidad de derecho público de ámbito estatal, con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, con funciones de carácter externo sobre sectores económicos o actividades determinadas, con autonomía orgánica y funcional, y plena independencia del Gobierno, de las Administraciones Públicas y del mercado. Asimismo, estará sometida al control parlamentario y judicial.
La CNE, tendrá funciones de supervisión y control de los mercados eléctrico, de hidrocarburos líquidos, de gas natural, y de hidrógeno verde y otros gases renovables. También ejercerá las funciones de inspección y sanción, así como de arbitraje, información, atención y tramitación de las reclamaciones planteadas por agentes y consumidores. Igualmente, liquidará los peajes, cargos, precios, cánones y retribuciones reguladas de los sectores a su cargo. En el caso de la supervisión de las tomas de participaciones empresariales en el sector energético, la CNE se encargará de instruir el expediente y de hacer una propuesta al Ministerio de Transición Ecológica, mientras que éste resolverá y fijará las condiciones que considere oportunas.
La entidad actuará como órgano consultivo en las materias de su ámbito de actuación; participará, mediante informe preceptivo y no vinculante, en el proceso de elaboración de normas que afecten a sus competencias y podrá participar en los procedimientos de elaboración de normas con rango de Ley y reglamentos, relativos a los mercados y sectores productivos cuando afecten de manera directa y principal al ejercicio de sus funciones.
La CNE estará adscrita al MITECO y ejercerá sus funciones a través de dos figuras principales, el Consejo y el presidente, que también lo será del Consejo. De ellos dependerán, además de la Secretaría General y la Secretaría del Consejo, tres direcciones de instrucción: la de Electricidad, la de Hidrocarburos y Nuevos combustibles y la de Inspección, de nuevo cuño, para reforzar su labor supervisora.
El Consejo será el órgano colegiado de decisión –nombra al vicepresidente, aprueba el anteproyecto de presupuestos internos, la memoria anual y los planes de actuación, el reglamento de funcionamiento interno…– y estará integrado por siete miembros: el presidente, el vicepresidente y cinco consejeros, que tendrán un mandato de seis años sin posibilidad de reelección.
El Gobierno aprobará mediante Real Decreto el Estatuto Orgánico de la CNE, que definirá las funciones y estructura interna de la Secretaría del Consejo, las direcciones y demás áreas de responsabilidad. Según los plazos previstos en el Anteproyecto, la nueva entidad debe haberse constituido y estar plenamente operativa en un plazo de cuatro meses desde la aprobación de la Ley de creación.
Además, el anteproyecto de ley prevé también la creación del Fondo para la Gestión Económico-Financiera de las Liquidaciones del Sector Eléctrico y del Sector del Gas (FGLSEG), para gestionar los ingresos y pagos correspondientes a las liquidaciones de peajes, cargos, cánones, precios y retribuciones reguladas de los sectores eléctrico y gasista, así como las transferencias previstas en los Presupuestos Generales del Estado para estos sectores.