Fuente: El Economista
La vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, mantuvo el pasado lunes una Cumbre a puerta cerrada con las grandes eléctricas europeas para analizar la futura reforma del mercado mayorista de la electricidad en la que también participará la comisaria de Energía, Kadri Simson.
Según fuentes consultadas por elEconomista.es, a la reunión acudieron el vicepresidente de Eurelectric y consejero delegado de Fortum, Markus Rauramo; la consejera delegada de EDP España, Ana Paula Marques; el consejero delegado de Endesa, José Bogas; el consejero delegado de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle; el consejero delegado de Vattenfall, Martjun Hagens; el secretario general de Eurelectric, Kristian Ruby así como el equipo de Aelec compuesto por su presidenta, Marina Serrano, la directora general, Paloma Sevilla y la directora de regulación, Marta Castro.
El Ministerio de Transición Ecológica envió la semana pasada una propuesta de consenso a los 27 estados miembros para que pueda ser analizada de manera informal en este consejo de ministros de Energía que se iniciará hoy en Valladolid.
La propuesta de acuerdo gana además peso después del acuerdo político alcanzado la semana pasada en el Parlamento Europeo.
En la solución 1 planteada por el Gobierno español se pone sobre la mesa la opción de fijar un porcentaje de energía producida por unos activos bajo un sistema de contratos por diferencias. La cantidad de energía se determinaría de una manera proporcional al ratio entre la inversión y el valor presente del activo; el volumen sería proporcional a la ratio entre los años de aumento de la vida útil y la vida original del activo así como al coste de construcción de una nueva central de las mismas características.
La segunda solución que pone sobre la mesa el Gobierno supondría limitar las ayudas que pueden dar los estados para los contratos por diferencia para mantener la igualdad en los distintos mercados, limitando las ayudas que se pueden distribuir a los consumidores.
Golpe en la mesa de las empresas
Las eléctricas, por su parte, acuden con una serie de reivindicaciones muy claras después del golpe en la mesa que dieron el pasado 22 de junio. Entre ellas, las compañías piden mejorar la contratación a largo plazo y los instrumentos de cobertura -PPA, CfD voluntarios, mecanismos de capacidad y mercados a plazo mejorados- para brindar visibilidad a largo plazo a los inversores y proteger a los consumidores de la volatilidad de los precios.
Evitar la ampliación de las medidas de emergencia y los topes de precios que han reducido la confianza de los inversores y no han logrado generar los ingresos esperados hasta el punto de convertirse en una circunstancia muy perjudicial para el mercado interior de la UE debido a una aplicación nacional irregular.
A este respecto, desde Eurelectric recuerdan que lo que salvó a Europa de un eventual apagón durante el pasado invierno fue precisamente el mercado interior; mercado que permitió a los Estados miembros importar electricidad en un momento muy tensionado.
Garantizar la resiliencia de los comercializadores con pruebas de estrés financiero en vez de utilizar estrategias de cobertura obligatorias que perjudiquen la competencia y la asequibilidad para los clientes e incentivar las inversiones en la red permitiéndolas anticipadas, ya que la infraestructura de Europa gestionará flujos más complejos debido a cantidades ingentes de energías renovables, bombas de calor y vehículos eléctricos. En el nivel de la distribución, la inversión debe triplicarse, al menos, pasando de los 23.000 millones al año a, como mínimo, los 69.000 millones de euros al año en 2050.
Las eléctricas piden también que se establezcan reglas financieras más flexibles que permitan la liquidez de los participantes en el mercado.
