Fuente: El Economista
El ministerio de Transición Ecológica, encabezado por Teresa Ribera, se encuentra en una encrucijada con la energía nuclear. Por un lado, el Gobierno español plantea el cierre completo de las centrales atómicas en nuestro país. Y, por otro, como presidentes de turno del Consejo Europeo acaba de plantear que esta tecnología sea incluida como una de las áreas estratégicas para la descarbonización, al igual que los combustibles alternativos.
La propuesta, indica el Gobierno en el documento de propuesta que ha elaborado, recoge el sentir y las visiones expresadas por los estados miembros en la reunión del Coreper -el encuentro preparatorio de los embajadores antes del Consejo Europeo- celebrado el pasado 13 de octubre.
La propuesta española, por lo tanto, se enmarca dentro del acuerdo de reforma del mercado eléctrico que se está ultimando en estos momentos tras el acuerdo del Consejo Europeo de Energía del 18 de octubre.
Tras este pacto se inició el último trámite pendiente que consiste en la negociación entre el Parlamento, la Comisión y el Consejo en los trílogos para cerrar el acuerdo definitivo, previsiblemente, antes de acabar el año.
De aquella reunión se salió con la conclusión clara de que Francia se había visto ganadora en esta primera batalla y, de hecho, lanzó una advertencia clara: si los equilibrios alcanzados no se mantienen, no habrá acuerdo.
Francia quería facilitar el acceso de sus centrales nucleares a las ayudas europeas con los llamados contratos por diferencias, es decir, que la inclusión de la fisión nuclear como una de las áreas clave en la normativa Net Zero Industry Act supone un paso ineludible para alcanzar el acuerdo.
Claves de la reforma
Por el momento, la reforma aprobada por el Consejo tiene como objetivo estabilizar los mercados eléctricos a largo plazo mediante acuerdos de compra de energía a largo plazo (PPA), así como una mayor generalización de estos contratos por diferencia (CfD) y un incremento de la liquidez de los mercados a plazo, un extremo que por ejemplo en España supone una queja habitual de las comercializadoras independientes, así como de las renovables.
Los Estados miembros han acordado que promoverán la adopción de PPA voluntarios, eliminando los obstáculos existentes y tratarán de dotarlos de una mayor trasparencia. Las medidas pueden incluir, entre otras cosas, sistemas de garantía respaldados por el Estado a precios de mercado -como ya ocurre en España-, la entrega de garantías privadas o métodos para agrupar la demanda.
Acuerdo con Sumar
Pese a todo estos avances sobre la reforma del mercado, el Partido Socialista y Sumar no dudaron apenas unos días después en firmar un acuerdo de Gobierno en el que se exige una reforma del mercado mayorista de electricidad y se ratifica la intención de cumplir el plan de cierre de centrales nucleares previsto para mayo de 2035 con la clausura en el mes de mayo de la central de Trillo.
La medida, no obstante, se puede encontrar con algunos problemas por el camino. Por un lado, el Tribunal Supremo está analizando ya la petición de cierre de ciclos combinados planteada por Naturgy y, por otro, el retraso existente en el sistema de gestión de residuos nucleares, ya que todavía no se ha aprobado del VII Plan.
La medida además debe contar con un informe por parte de Red Eléctrica sobre la cobertura del sistema por lo que cualquier cambio en el ritmo de instalación de renovables, de puesta en marcha de interconexiones o de cierres de ciclos combinados podría tener un impacto en esta decisión.
El Foro Nuclear, por su parte, ha recordado ya en varias ocasiones que por el momento el Plan Nacional de Energía y Clima sólo recoge el cierre de la mitad de la potencia nuclear instalada en España, lo que deja la puerta abierta a poder llevar a cabo cambios en la misma.
Las eléctricas, por su parte, se han mostrado dispuestas a negociar modificaciones sobre este cierre siempre que la retribución sea la adecuada.
Por otro lado, la patronal química Feique incluso ha llegado a sugerir la posibilidad de utilizar las centrales nucleares para facilitar energía sin emisiones y a buen precio mediante una tarifa regulada, al igual que hace Francia.
