Fuente: El Economista
La Comisión Europea ha puesto en revisión las medidas de emergencia adoptadas para hacer frente a la crisis energética. El colegio de comisarios está decidido a revisar este próximo mes de julio las medidas excepcionales que aprobó en octubre de 2021 -las llamadas ‘toolbox’- y dejar ya en manos de los Estados miembros la respuesta en caso de una nueva subida fuerte de los precios de la electricidad.
El Consejo Europeo celebrado esta pasada semana acordó pedir un informe a la Comisión para determinar si deben mantenerse o retirarse este tipo de ayudas pero según ha desvelado hoy la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, “la Comisión lo que nos propone es dar cobertura a través de los Presupuestos Generales del Estado y, por tanto, que los europeos dependan de la capacidad fiscal de cada estado miembro. Nosotros queremos que de alguna manera se recoja la posibilidad de que sea la regulación, la que en situaciones excepcionales de alta volatilidad de los precios de la energía puedan dar cobertura a todos los europeos”.
El Gobierno español mantiene en estos momentos una intervención de los precios del mercado para algunas tecnologías inframarginales como las renovables en 67 euros que se prolongarán hasta diciembre, pese a que el límite europeo finaliza en julio.
En Alemania esta situación ha provocado ya una denuncia ante el Tribunal Constitucional por parte de 25 operadores de solar, eólica y biomasa en la que se rechaza la existencia de los llamados ‘windfall profits’ y esta situación podría reproducirse en España donde asociaciones como Aelec ya han pedido expresamente que se retiren estas medidas de intervención del mercado mayorista.
El Gobierno aprobó ayer una prórroga de la excepción ibérica sin esperar a la decisión formal del colegio de comisarios. La medida se adopta incluso después de haber incumplido el acuerdo alcanzado con Europa de reformar la tarifa regulada PVPC antes de comenzar el año y sin conocerse las condiciones que puede reclamar Bruselas. Pese a que el informe de la CNMC sobre la reforma del PVPC llegó a mediados de diciembre, el texto de la propuesta parece ahora atascado en el Consejo de Estado donde lleva ya alrededor de tres meses.
Entretanto, las comercializadoras independientes han salido ya a protestar por algunos de los supuestos que esta reforma prevé y reclaman cambios al Gobierno antes de su aprobación definitiva.
Según la Agencia de Reguladores europeos, ACER, desde julio de 2021 hasta febrero de 2023 se han implementado en toda Europa un total de 439 medidas de intervención del mercado al amparo de las llamadas ‘toolbox’ acoptadas
De las 439 medidas registradas, el 36% tienen como objetivo la seguridad del suministro, mientras que el 64% pretende abordar la asequibilidad para los consumidores finales.
Casi la mitad adoptan la forma de ayudas directas a los consumidores finales. Sólo un 25% de estas medidas se dirigen a consumidores vulnerables. La mitad de las medidas dirigidas a objetivos más amplios de seguridad del suministro tienen por objeto aumentar la eficiencia energética y la renovable, contribuyendo así también a los objetivos políticos de Green Deal y Fit-for-55 objetivos políticos.
