Fuente: El Economista
España sufrió el miércoles un segundo episodio de problemas de cobertura eléctrica en el que la demanda tuvo que volver a salir al rescate del sistema. Red Eléctrica decidió a las 22.01 horas cortar el suministro a la gran industria para hacer frente al incremento de consumo que no había planificado el gestor técnico del sistema.
El operador aplicó el corte máximo de 609 MW y según indicó ayer el director de la Asociación de Grandes Empresas Consumidoras de Energía, Pedro González, la totalidad de las compañías se desconectaron, lo que facilitó que el servicio funcionase a la perfección y demuestra así, una vez más, su utilidad.
Según los datos recogidos en E-sios, las centrales de ciclo combinado rebajaron su producción de 9.207 MW a 8.745 MW. El carbón siguió produciendo con sus 243 MW y se produjo una importante reducción de la previsión de producible eólico, lo que llevó de nuevo a un cóctel de eventos que vuelven a poner en jaque al sistema eléctrico.
Red Eléctrica insistió ayer en el mismo mensaje que el pasado 23 de mayo cuando se produjo el primer episodio, “la continuidad del suministro no se vio en ningún momento comprometida, siendo el objetivo de la orden de activación -que se aplicó durante aproximadamente tres horas, que establece la normativa- garantizar los niveles de reserva establecidos en los procedimientos de operación en respuesta a una situación puntual en la que se vieron reducidos los recursos disponibles en el sistema”.
El servicio utilizado ayer para garantizar el suministro contó con la participación de comercializadoras y consumidores con una demanda de al menos 1 MW y, por tanto, no aplica ni a consumidores domésticos ni a las pequeñas empresas.
Los industriales que prestan este servicio son retribuidos con un precio marginal de 40,82 euros por cada MW asignado y hora por su disponibilidad para reducir su consumo en los periodos horarios establecidos.
Según los datos de Red Eléctrica, el precio medio ponderado del momento de la interrupción de mayo fue de 63,29 euros/ MWh y el del miércoles, a 114,42 euros/ MWh.
El SRAD es un mecanismo de balance previsto en la normativa vigente para garantizar el equilibrio necesario entre generación y demanda. Puede aplicarse en aquellas situaciones en las que se identifique que el sistema no cuenta con recursos suficientes para mantener el nivel adecuado de reserva del sistema, como sucedió el miércoles, y supone que las industrias se comprometen a reducir su consumo con una duración máxima de 3 horas al día por proveedor y con un preaviso de al menos 15 minutos.
Durante 2023, el SRAD se utilizó en dos ocasiones a principios del mes de septiembre y esta es la segunda vez que se pone en funcionamiento este ejercicio.
Red Eléctrica lleva años impulsando la participación de la demanda en los servicios de ajuste porque es una herramienta que ofrece una mayor flexibilidad a la operación del sistema e impulsa el proceso de descarbonización. Países como Francia, Portugal y Reino Unido cuentan con distintos mecanismos específicos que permiten aprovechar estos recursos para cubrir las necesidades de flexibilidad. No obstante, el sector eléctrico sigue a la espera de la aprobación de los llamados mecanismos de pagos por capacidad para garantizar el funcionamiento del sistema mediante la disponibilidad de una cantidad de centrales o almacenamientos que puedan operar en cualquier momento y que se encuentra a la espera de la autorización de la Unión Europea, que por el momento únicamente estaría dispuesta a autorizarlo hasta 2029.
España afronta un grave riesgo de apagones hasta 2030 pese al fuerte ritmo de instalación de renovables. Nuestro país afrontará un importante riesgo de cobertura de la demanda si se cierran los 9.000 MW de centrales de gas que las eléctricas quieren desconectar por la falta de rentabilidad económica o si el ritmo de puesta en marcha de almacenamiento no logra cumplirse.
Red Eléctrica llevó a cabo un Análisis nacional de cobertura del Sistema Eléctrico Peninsular Español, en el que reconoce que estará en situación precaria si se desmantelan estas plantas de gas, aunque no hace ninguna alusión al cierre previsto de las nucleares (Almaraz, Ascó I y Cofrentes).
La compañía reconoce, por primera vez, que la situación puede agravarse a partir de 2027 -incluso con los ciclos abiertos- si la puesta en funcionamiento del almacenamiento no se cumple. En esa fecha se inicia el desmantelamiento nuclear sobre el que no se hace referencia en el informe y prolonga los riesgos hasta el 2030, es decir, más allá de la alerta lanzada en su momento por Entsoe -el organismo de transportistas de europeos- en febrero de 2023 y que ha provocado la aparición de este análisis.
Riesgo de apagones hasta 2030
El PP pidió el pasado mes de mayo la comparecencia en el Congreso de la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, para que explicase lo ocurrido cuando Red Eléctrica tuvo que recurrir al mecanismo que permite suspender el suministro a la gran industria, como publicó en exclusiva elEconomista.es. En un comunicado, el PP denunció que Ribera se quiere ir dejando a España con “el mayor riesgo de apagón eléctrico” de toda la Unión Europea y pedía a la entonces candidata del PSOE a las elecciones europeas que diese explicaciones. La vicepresidenta, al igual que la presidenta de Redeia, Beatriz Corredor, no han comparecido en el Congreso para dar ningún tipo de aclaración a lo sucedido. Vox, por su parte, presentó varias preguntas por escrito al Gobierno para que aclarase los motivos de interrupción de la gran industria, así como aclaraciones por los previstos cierres tanto de centrales nucleares como de ciclos combinados hasta el año 2030.
