Fuente: Invertia
Se dispara el cruce de dimes y diretes entre Gobierno, propietarias de las centrales nucleares y operador del sistema eléctrico, justo cuando se entra en tiempo de descuento para iniciar la desconexión de la primera planta que aparece en el calendario de cierre que se firmó en 2019, la de Almaraz en Cáceres.
Pero ¿quién tiene que anunciarlo y cuándo? Y peor aún, ¿cuál sería el proceso si finalmente se da marcha atrás a este cierre? Los tiempos apremian y las compañías eléctricas ya muestran abiertamente las cartas: nuclear sí, pero con menos presión fiscal.
El Gobierno de Extremadura, con María Guardiola a la cabeza, ha dicho que abre la puerta a bajar impuestos a Almaraz, pero si primero lo hace el Gobierno central, y éste dice que habrá diálogo sobre ese cierre si las empresas lo solicitan, pero que nadie se ha puesto en contacto todavía para hablar de este tema.
“El protocolo de cierre ya está recogido en el acuerdo que firmaron Gobierno, Enresa y propietarias de las centrales nucleares (Iberdrola, Endesa y Naturgy)“, explican fuentes de una consultora a EL ESPAÑOL-Invertia.
El primero, el reactor I de Almaraz, cuya fecha de echar la persiana está fijada para el 1 de noviembre de 2027, y justo un año después el reactor II de la misma central.
“Con esa firma, se entiende que no hay que presentar, por parte de las empresas propietarias, ninguna solicitud de cierre de las centrales nucleares. Ya está recogido así y se continúa adelante”, añaden las mismas fuentes.
Solicitud de cierre de plantas
En el caso de cierre de centrales térmicas de carbón como para ciclos combinados, las empresas propietarias deben cumplir con lo que dicta el artículo 135 del Real Decreto 1955/2000, es decir, ‘el titular de la instalación que pretenda el cierre de la misma deberá solicitar autorización administrativa de cierre ante la Dirección General de Política Energética y Minas’.
Y el artículo 137 del mismo RD dice que ‘en el caso de instalaciones bajo la gestión técnica del operador del sistema y gestor de la red de transporte, éste emitirá informe previo sobre la solicitud de autorización de cierre’.
Sin embargo, “en el caso de las nucleares, no sería necesario porque ya se firmó el cierre en el Protocolo de Intenciones”, continúan las mismas fuentes.
“Lo que sí es necesario es contar con el informe previo a Red Eléctrica”, cuya petición deberá realizarla el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), “y que el plazo máximo es justo un año antes del cierre, es decir, el 1 de noviembre de 2026“.
“Si Red Eléctrica desaconseja su cierre a un año vista, va a ser prácticamente imposible revertir el proceso”, aseguran las mismas fuentes.
Por el momento, el último informe de Redeia, presentado este pasado miércoles, 26 de febrero, señala que “el cierre de centrales de generación convencional como las de carbón, ciclo combinado y nuclear […] podría aumentar el riesgo de incidentes operacionales que puedan afectar el suministro y la reputación de la empresa”. Aunque su presidenta, Beatriz Corredor, ha reiterado que se descarta el riesgo de apagones por los avances tecnológicos, las interconexiones y los sistemas de flexibilidad.
Cancelación del cierre
Ese es el proceso si todo continúa según los planes previstos. Pero ¿y si se decide parar ese proceso? ¿Quién tiene que pulsar el botón rojo?
“La responsabilidad está en manos de las propietarias. Serían ellas las que deberían solicitar al MITECO que quieren prolongar la vida de las plantas, y al mismo tiempo a ENRESA, la empresa autorizada para la gestión de los residuos”.
Además, si se paraliza el cierre, “ENRESA también tendría que acomodar este nuevo contexto a nuevos cálculos para la tasa que aplica a la producción nuclear para financiar la gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las centrales nucleares al final de su vida útil”.
También, en este punto, tendría que entrar el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que a su vez debería emitir un informe sobre la viabilidad de prolongar la vida útil del reactor, y comprobar que cumple con todos los requisitos de seguridad y funcionamiento.
Y por último, “se tendría que modificar el PNIEC (Plan Nacional de Energía y Clima), que contiene otro mix con el que cumplir los objetivos de reducción de emisiones y de generación renovable”, concluyen las fuentes.
En definitiva, la cuenta atrás ya comenzó hace unos meses, y cada día que pasa hace más compleja y problemática la reversión de un cierre aprobado hace cinco años.