Fuente: El Economista
El Consejo de Reguladores Europeos de la Energía (CEER) dibuja un mapa claro sobre cuánto se remunera hoy el capital invertido en redes en Europa: hay países que están subiendo el listón para atraer inversión y otros que mantienen marcos más conservadores. En esa fotografía, España aparece en la franja media-baja del conjunto en términos de tasa de retorno, según su informe anual Regulatory Frameworks for European Energy Networks 2025.
El documento, referencia para inversores y reguladores, revisa los modelos de retribución aplicables a las redes eléctricas y gasistas en 2025 y pone el foco en el corazón económico del sistema: la rentabilidad reconocida, la base de activos regulados y los incentivos que moldean la cuenta de resultados de transportistas y distribuidoras. El CEER evita hacer rankings explícitos, pero su comparación de parámetros deja entrever una tendencia: en un momento de necesidades récord de inversión, algunos países están recalibrando la remuneración para sostener el crecimiento y modernización de las infraestructuras.
España, sin embargo, se mueve en el carril de los marcos más estables y contenidos. El informe subraya que el país aplica una regulación por incentivos con periodos de seis años, con una tasa de retorno basada en un WACC nominal preimpuestos fijado por la CNMC y aplicado sobre una base de activos calculada, en términos generales, sobre costes históricos.
Ese diseño ofrece certidumbre y reduce la discrecionalidad, pero también limita la capacidad del modelo para adaptarse con rapidez cuando cambian las condiciones financieras.
La diferencia es relevante en el tablero europeo. Mientras varias jurisdicciones han introducido fórmulas para actualizar el coste del capital o diferenciar la retribución entre activos “antiguos” y nuevas inversiones —con el objetivo de no frenar proyectos en plena transición energética— España aparece entre los países donde la rentabilidad reconocida se mantiene más acotada dentro del abanico observado.
El informe también apunta a otro factor que refuerza esa disciplina regulatoria: el modelo español combina una retribución contenida con exigencias de eficiencia, especialmente visibles en gas, donde España figura entre los pocos países que aplican requisitos mínimos de eficiencia a nivel de transporte.
A ello se suman esquemas de incentivos tipo bonus/malus para aspectos como pérdidas o calidad de suministro, que actúan como palancas adicionales para ajustar ingresos en función del desempeño.
Además, en el capítulo dedicado a las consecuencias regulatorias de la crisis energética, el CEER señala que España ha retirado gradualmente la mayor parte de las medidas extraordinarias adoptadas durante los picos de precios, optando por no introducir reformas estructurales en la retribución de las redes. El informe destaca que persisten mecanismos de protección al consumidor vulnerable, pero el marco económico de fondo se ha mantenido estable.
El resultado es un modelo que el CEER describe, por sus elementos, como predecible y coherente, pero situado en la zona media-baja de rentabilidad comparada. Una posición que tranquiliza al regulador y contiene costes para el consumidor, pero que abre una pregunta incómoda en el momento clave del sistema eléctrico europeo: si la retribución actual será suficiente para movilizar el volumen de inversión que exige la electrificación, el despliegue ma