Fuente: Cinco Días
Las asociaciones de la industria de cogeneración, Acogen, Cogen España, ADAP, ANEO y Aeversu, han remitido una propuesta conjunta a los distintos grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para reincorporar a la nueva ley que regulará el régimen del comercio de derechos de emisión de CO2, en estos momentos en tramitación, una disposición adicional que permita prorrogar temporalmente la operación para determinadas instalaciones industriales que han agotado o agotarán próximamente su vida útil regulatoria.
Según fuentes empresariales, la medida potenciaría a más de cien industrias de sectores (como el papelero, cerámico, alimentación o químico), repartidas por todo el país, y, “muy especialmente, el sector del olivar, el porcino y el de valorización de residuos, en un momento crucial acompañando un nuevo ciclo de inversión en cogeneración”. La medida ya se había incluido en una anterior tramitación parlamentaria de la modificación de dicha ley de comercio emisiones de efecto invernadero (1/2005), que ahora se ha reactivado, y que contaba con respaldo mayoritario de los grupos antes de que el texto fuese retirado por el Gobierno el pasado año.
En su propuesta, las asociaciones consideran que la reapertura de la tramitación parlamentaria ofrece una “oportunidad” para desbloquear una solución transitoria mientras se desarrollan las subastas de cogeneración que aprobará el Ejecutivo en junio. Además, las patronales plantean que la medida pueda incorporarse no solo a la propuesta de ley sobre derechos de emisión, sino también al proyecto de ley vinculado al Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio.
La propuesta, con un amplio respaldo previo, no surge de una nueva negociación improvisada, sino de una disposición que ya había sido incluida en la anterior tramitación de la citada ley y que había recibido el apoyo mayoritario de los grupos parlamentarios y del Senado antes de que el texto fuese retirado por el Gobierno en la Mesa del Congreso, consideran los cogeneradores. Estos añaden que “el Ejecutivo tiene ahora una oportunidad política real de aprobar una medida con gran acuerdo político”.
“Esta es probablemente una de las pocas medidas industriales capaces de generar un consenso parlamentario amplio en la legislatura actual”, asegura Javier Rodríguez, director general de Acogen. “No se trata de abrir un debate nuevo, sino de recuperar una solución que ya había sido asumida políticamente”, indica, tras añadir que “la reactivación de la ley devuelve al Congreso una herramienta para evitar un deterioro adicional de la industria cogeneradora.”
Ante la inminente convocatoria por parte del Gobierno de subastas de 1.200 MW de cogeneración, previstas para junio, y que impulsarán más de 1.300 millones de inversión, las asociaciones empresariales solicitan que las plantas cuya vida útil regulatoria haya expirado puedan seguir operando temporalmente hasta completar inversiones y participar en las futuras subastas. “La disposición propuesta permitiría recuperar transitoriamente la retribución a la operación hasta 2031 para determinadas instalaciones industriales”, destaca el director de Acogen.
La medida plantea un régimen transitorio alineado con el calendario actual de subastas del Gobierno para acompañar las inversiones cuya aprobación se ha retrasado cuatro años desde su anuncio. El objetivo, subrayan en el sector, es evitar cierres irreversibles mientras llegan las inversiones de renovación tecnológica. La propuesta incorpora requisitos de eficiencia energética y mantiene los controles regulatorios existentes, además de recuperar plantas de generación que aportarían un mayor control de tensión y calidad de suministro eléctrico reforzando la operación del sistema que registra récords de renovables.
La industria intensiva en energía está muy debilitada tras las crisis de la pandemia y la Guerra de Ucrania, con datos del índice de producción industrial en claro retroceso en los dos últimos años. Según la propuesta, persiste una gran incertidumbre y el estrés en los mercados mundiales derivados de la situación en Irán, Israel y las políticas de industrialización y comercial en China, India y Estados Unidos. Y añaden que “otros países clave de la Unión Europea como Alemania, Italia, Polonia y Chequia están impulsando decididamente industrias cogeneradores”.
El documento remitido por las patronales advierte de un deterioro acelerado del parque de cogeneración industrial en España sin precedentes. España ha perdido el 50% de su cogeneración desde 2019 y ha pasado de representar el 12% de la producción de electricidad a apenas el 6% y podría caer al 3% en 2030 si no se actúa, denuncian las empresas. Alrededor de 250 plantas y 2.300 MW han parado al agotar su derecho a retribución sin que llegara el nuevo marco de inversión previsto por el Gobierno. Entre 2026 y 2031 terminará la vida útil de más de cien instalaciones adicionales, unos 1.000 MW de capacidad. El sector alerta de que, sin medidas transitorias, “al menos dos de cada tres cogeneraciones podrían estar paradas en 2030″.
La cogeneración está vinculada a más de 600 fábricas de sectores intensivos en el uso de calor como la alimentación, química, papel, cerámica, automóvil o refino. Estas industrias representan cerca del 20% del PIB industrial y mantienen unos 200.000 empleos directos.
La medida planteada también afecta “intensamente” a plantas de tratamiento de purines vitales para explotaciones ganaderas y empresas cárnicas; instalaciones vinculadas al olivar y al sector del orujo, que gestionan los subproductos del 40% de la producción nacional del aceite de oliva y plantas de valorización energética que gestionan los residuos de más de 400 municipios de Galicia y País Vasco.
Las patronales subrayan además el papel técnico garante de la cogeneración en la operación del sistema eléctrico. Estas instalaciones aportan generación síncrona y firme distribuida geográficamente, contribuyendo al control de tensión y frecuencia de la red frente a apagones. El contexto geopolítico y energético, por la guerra de Irán y la volatilidad de los precios, “refuerza la necesidad de mantener capacidad firme”, concluye la propuesta. Esta tendría carácter transitorio hasta 2031 y se extinguiría cuando las plantas adjudicatarias de las subastas entrasen en explotación.