Fuente: El Economista
El gravamen a los ingresos de las energéticas tiene los días contados. Según los datos aportados esta semana por las empresas, Naturgy, Endesa e Iberdrola tuvieron unas ventas de electricidad de 16.955 millones en el primer semestre de 2023, unas cifras que se han recortado en casi 2.200 millones de euros hasta los 14.762 millones de euros y que dejan en vía muerta este impuestazo.
De este modo, las grandes energéticas han recortado notablemente su contribución a las arcas del Estado con los llamados ingresos extraordinarios. Endesa ha sido la que menos ha notado la bajada, tan solo un 3% de 208 millones en el primer semestre de 2023 a 202 millones hasta junio de este año.
Repsol provisionó a principios de año sus expectativas de pago del gravamen extraordinario, y ya lo ha reducido en casi un 25%, desde 444 millones hasta los 335 millones. Naturgy, por su parte, ha pasado de pagar 165 millones a 30 de junio de 2023 a 89 millones en lo que va de ejercicio, una caída del 46%.
El diseño del impuesto no grava el beneficio, sino los ingresos por ventas energéticas de las empresas. En este sentido, la caída en vertical de los precios de se ha sentido en las cuentas de resultados de las empresas.
El Gobierno estableció para un espacio temporal de dos ejercicios, 2022 y 2023, a liquidar, respectivamente, en 2023 y este año, este impuesto que grava con un 1,2% las ventas de las energéticas con unos ingresos superiores a 1.000 millones anuales.
Los principales directivos del sector consideran que esta medida no será prorrogada por parte del Gobierno para el próximo ejercicio, pese a los constantes mensajes en los que insisten en que pretenden convertirlo en permanente.
Las energéticas tienen a su favor la votación de este miércoles en el Congreso que tumbó los objetivos de déficit y de deuda, que vuelven a dejar en vía muerta los Presupuestos Generales del Estado para el año 2025 y suman que la propia Comisión Europea consideró en noviembre que estos recargos especiales por la crisis energética debían desaparecer.
En el sector recuerdan que el diseño del gravamen español está mal hecho, ya que se aplica a los ingresos y no a los beneficios y consideran que serán los tribunales los que finalmente les den la razón.
El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, uno de los directivos que se opuso con más contundencia a esta medida, aseguró este miércoles en la conferencia con analistas que esta medida no se va a prorrogar.
En la misma línea se pronunció hace unos meses el consejero delegado de Endesa, José Bogas, que también daba por muerto este gravamen, o el de Iberdrola, Mario Ruiz Tagle, que aseguró que el impuesto afectaba a la inversión en redes y renovables.
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, cargó el pasado 24 de febrero contra este impuesto extraordinario, ya que consideraba que mantenerlo “no tiene ningún sentido” y criticó también el gran volumen de impuestos que existen en España, donde hay casi 40 tributos diferentes.
Las circunstancias extraordinarias de precios han desaparecido, pero el impuesto sigue ahí, incluso con propuestas de convertirlo en permanente.
Lo más preocupante es la inseguridad fiscal que este tipo de impuestos generan para los inversores que ven a España como un mercado atractivo. Los inversores no quieren regímenes de deducciones, lo que buscan son países con estabilidad fiscal y regulatoria entre otros parámetros, donde no aparezcan y desaparezcan impuestos que afecten a sus rentabilidades.