Fuente: El Economista
La batalla entre las eléctricas y el Gobierno por el cierre de las centrales nucleares españolas se recrudece. Las compañías han comenzado a armarse de argumentos para la negociación que esperan abrir con la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica y Reto demográfico, Sara Aagesen, y han encargado a la consultora internacional Metsys un detallado análisis sobre el impacto del cierre de la planta en la zona de Navalmoral de la Mata y sus municipios cercanos.
El análisis detallado, recogido en un informe de 74 páginas, muestra que el cierre de la central de Almaraz supondrá un fuerte impacto en el tejido empresarial y económico.
Alrededor de 431 empresas dependen en mayor o menor medida de la actividad de la central, de las cuales 19 podrían cerrar porque más de un 20% de sus ingresos están ligados a esta planta, según asegura Metsys. Se estima que esto podría traducirse en la pérdida de 1.825 empleos.
La planta cuenta en estos momentos con 369 empleados. De esta cantidad 293 trabajadores viven en la provincia de Cáceres y 255 en el área de influencia. El 59% de los trabajadores son licenciados universitarios y un 51,5% tienen menos de 45 años. Además, la media de sueldos de Almaraz es muy superior a la de la provincia.La central genera además 662 empleos de empresas especializadas y durante las recargas se suman hasta 1.200 empleos temporales. En total, se estima que en Extremadura hay 2.900 empleos ligados directa e indirectamente a la central.
Esto ha permitido mantener un dinamismo económico que, de otro modo, se perdería. La zona de Navalmoral de la Mata ha resistido mejor a la despoblación gracias a la actividad de la nuclear. Sin embargo, su cierre podría provocar un éxodo de trabajadores jóvenes, afectando negativamente la pirámide demográfica y aumentando el envejecimiento poblacional.
A esta situación se sumará el fuerte golpe fiscal que implica la clausura. Almaraz aporta 435 millones de euros anuales en tasas e impuestos. El 19% de esta cantidad (82 millones) se destina a la comunidad autónoma y el 3% (12 millones) a los municipios donde se encuentra la planta. El presupuesto municipal de Almaraz se vería especialmente afectado, ya que el 48% de sus ingresos proviene de impuestos relacionados con la nuclear.
Esta menor recaudación fiscal podría afectar a servicios esenciales como la educación, sanidad e infraestructuras. El Instituto Zurbarán, que ofrece formación técnica vinculada a la central nuclear, perdería su convenio, afectando la capacitación en la región. Asimismo se podrían ver afectadas el Centro de interpretación de la biosfera, el Centro de interpretación de la Orquídea o las carreras de Caballos de San Blas.
Este cierre además implica un impacto en sectores clave como la industria y la agricultura. Empresas del sector energético, agroindustrial y servicios se verán afectadas. En especial, la industria tabacalera, la agroindustria y el turismo sufrirán un descenso de actividad.
Hay además una pérdida de atractivo para nuevas inversiones. Microsoft y Edge Energy, que han mostrado interés en la zona por su acceso a energía limpia y estable, podrían ver comprometidos sus planes reduciendo la inversión empresarial en la comarca.
Impacto energético
?La central aporta el 7% de la demanda eléctrica de España, lo que significa que su cierre podría generar inestabilidad en el suministro, aumentar la dependencia energética de fuentes menos estables y encarecer el coste de generación de electricidad.
Se estima que el cierre de Almaraz implicaría la emisión de 3 millones de toneladas adicionales de CO2 al año, debido a la necesidad de sustituir su producción con fuentes energéticas más contaminantes cuando las renovables no estén disponibles?.
El sistema de refrigeración de la central oxigena el agua y contribuye a la biodiversidad local. Su cierre podría afectar la fauna y la flora del Parque Ornitológico de Arrocampo, reduciendo el atractivo turístico de la zona.
La Asociación de Municipios con Centrales Nucleares (AMAC) encargó ya en 2022 un análisis, a la consultora Payperthink donde se recogía que en caso de desaparición de esta instalación nuclear la zona se arriesgaba a perder casi 1 de cada 3 habitantes, y la población activa disminuye en un 36%, como consecuencia de un tremendo envejecimiento de la población. Esta situación supondría la posibilidad real de desaparición de los pueblos más pequeños de la zona.
El Ministerio de Transición Ecológica, a su vez, encargó también al Instituto de Transición Justa la elaboración de un estudio similar durante este año para poder preparar las medidas de contingencia necesarias para la zona en caso de cierre y desmantelamiento de dicha central, como ya adelantó este diario.