Fuente: Invertia
Después de casi seis semanas del apagón total del pasado 28 de abril, el Gobierno vuelve a señalar a las eléctricas por no estar facilitando con diligencia los datos necesarios para continuar con la investigación sobre las causas.
Y lo ha hecho enviando una carta a distribuidores, generadores, centros de control y titulares de infraestructuras.
Una acusación de la que el sector eléctrico se ha defendido afirmando en un comunicado que es “absolutamente falso” que las principales compañías eléctricas del país estén “ocultando información o dilatando sus respuestas a los requerimientos”.
“El Gobierno sigue jugando a sembrar sospechas en las empresas, que han aportado información”, señalan fuentes conocedoras del sector eléctrico a EL ESPAÑOL-Invertia. “Lo más probable es que tenga una idea de lo que ha pasado y no le guste“, añaden.
Desconfianza en los mercados
“El sector eléctrico no entiende la posición del Gobierno y la desconfianza que está trasladando a los mercados respecto a las compañías”, explican a este diario fuentes jurídicas cercanas a una eléctrica.
“Si ha tomado la decisión de que la mejor defensa es un buen ataque, al final el dato matará al relato. Con la técnica no se puede hacer nada. Y, finalmente, todo va a aflorar”, puntualizan.
Y detrás de todo ello está el miedo a indemnizaciones millonarias. Es uno de los factores centrales que alimenta la tensión y el enfrentamiento.
El impacto económico del apagón puede ser enorme: la CEOE calcula pérdidas directas de al menos 1.600 millones de euros, y estimaciones del coste total de un día de inactividad superan los 4.000 millones de euros.
Cronología de las acusaciones
Las acusaciones cruzadas entre el Gobierno, operador del sistema (Red Eléctrica REE) y sector eléctrico comenzaron enseguida. Al día siguiente del apagón, Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, apunta a un posible ciberataque externo, hipótesis que luego descarta, pero también señala a los “operadores privados” como responsables del incidente.
Entre esos operadores privados, incluye a Redeia, el operador del sistema eléctrico, que está controlado por el Estado al tener una participación mayoritaria del 20%.
Las eléctricas denuncian sentirse “señaladas desde el minuto uno” por el operador del sistema, Red Eléctrica (Redeia), y por el Gobierno.
Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, apunta a las centrales convencionales (hidráulicas, nucleares, ciclos combinados) de no cumplir con la normativa de control de tensión, lo que habría provocado el colapso. Niega fallos en la red de transporte o en la gestión de Redeia y descarta a las renovables o supuestos “experimentos”.
Se intensifica el choque
Las eléctricas, por su parte, insisten en que la responsabilidad de controlar la tensión y evitar la sobretensión es exclusiva de Redeia, y reclaman acceso a la “caja negra” de la red, que contiene los datos y grabaciones de las operaciones durante el apagón.
El conflicto se hace público en foros y medios, con enfrentamientos directos entre los máximos responsables de Redeia y de las eléctricas. Las acusaciones mutuas se recrudecen en el ‘Foro CREO’.
Los consejeros delegados de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, y de Endesa, José Bogas, manifestaron su malestar.
Ruiz-Tagle defendió que las desconexiones se produjeron según protocolo y que la responsabilidad de la estabilidad del sistema era de Red Eléctrica. Bogas subrayó que REE es “arte y parte” y pidió que un comité independiente determinara las causas del apagón.
Poco después, Corredor insistió en que los grupos convencionales “no se tomaron las pastillas para la tensión”, es decir, no absorbieron la potencia reactiva necesaria, y que esto desencadenó la caída de los generadores y la bajada de frecuencia.
Y como colofón, el panel europeo de expertos (ENTSO-E), la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad, alerta de retrasos en la investigación por la “reticencia” de las eléctricas a entregar información, alegando estas confidencialidad legal.