Fuente: El Mundo
El sector eléctrico y la gran industria instan al Gobierno y a Feijóo a reparar el desaguisado con un nuevo decreto o proposición de ley que evite el actual riesgo de perder miles de millones de inversión industrial y un encarecimiento de la tarifa para las fábricas. «No entendemos que se haya votado en contra, pero pedimos responsabilidad a los partidos» fue un comentario reiterado a este diario en distintas grandes empresas del país que mostraron incomprensión con la actitud del PP en esta votación ya que, en actuación que consideran excepcional, el Gobierno había puesto sobre la mesa un decreto razonable para fomentar la inversión y la seguridad del sistema.
El enfado se acrecentó a lo largo del día tras desatarse caídas en Bolsa de los principales valores eléctricos. Iberdrola cayó un 4,69% -una jornada en la que también anunció una ampliación de capital y criticó una decisión del regulador sobre la retribución a la inversión en redes- liderando las pérdidas. Endesa perdió el 3,6 %; Redeia, el 3,16 %; Solaria, el 2,74 % y Enagás, el 2,14 %; mientras que Naturgy, que presentó resultados al alza tras la subida de precios del gas, cayó un 0,94 %.
Se sucedieron comunicados en el sector de inusual dureza contra la clase política en la que el PP queda particularmente señalado por ser el principal partido de los que defienden la economía de mercado en votar en contra de un decreto calificado de «técnico» en el sector.
«La no convalidación es, a juicio del sector, un error (…)Va en contra de los intereses de nuestra economía y del impulso industrial necesario para afrontar la transición energética con garantías», asegura la Asociación Empresarial Eólica de la que forman parte Iberdrola, Endesa, EDP o Naturgy, entre otras. Según su comunicado, la norma era «de carácter eminentemente técnico» y considera injustificado votar en contra y que el Ejecutivo no haya sido capaz de sumar una mayoría. «La robustez de nuestro sistema energético no debería quedar al albur de una aritmética parlamentaria. Lo que está en juego es la garantía de suministro, la estabilidad del sistema eléctrico y la competitividad del país».
Por tanto, «el sector eólico hace un llamamiento a la responsabilidad de todos los partidos» y «solicita que con carácter de urgencia se activen los procesos necesarios, mediante un Proyecto de Ley o Proposición de Ley para que se pueda retomar el debate profundo sobre su contenido en el menor plazo de tiempo posible y se pueda diseñar una norma que cuente con el apoyo necesario para su aprobación».
Tanto la promotora del decreto, la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, como el portavoz de energía del PP, Guillermo Mariscal, aseguran que pondrán en marcha nuevas iniciativas para asegurar una mejora del sistema. Aagesen dio a entender que presentará un nuevo decreto con posibilidad de modificaciones – «tenemos la mano tendida»- que aseguren su convalidación, aunque eludió dar una fecha. Aagesen dijo que ella personalmente no había llamado a ninguna empresa para presionar al PP, pero este diario pudo confirmar que sí hubo esa petición al Gobierno.
Para la asociación de empresas con gran consumo de energía (AEGE), la no convalidación les encarece la tarifa en un 5%, un revés para ArcelorMittal, Acerinox o Carburos Metálicos, entre otros asociados. «La derogación de esta medida tendrá un impacto negativo para la competitividad de la industria. No reducir el 80% de los peajes eléctricos supondrá un incremento del 5% en la factura energética, aumentando la brecha con sus competidores europeos, principalmente de Francia y Alemania», señalan en AEGE a EL MUNDO.
La Asociación de Empresas de Energías Renovables -a la que pertenecen Acciona o Engie entre otros-«lamenta profundamente la no convalidación» y advierte de «riesgo de colapso por mantenimiento de hitos administrativos inadecuados (…)numerosos proyectos quedarán bloqueados».
Por su parte, José Donoso, director general de la asociación de empresas de energía fotovoltaica Unef, «no nos podemos permitir como país que esta actualización normativa no salga adelante. Es fundamental para la industrialización, la independencia energética y la competitividad de nuestra industria». Cree que «es urgente que se retome el debate entre los grupos parlamentarios».
Para Aelec, la patronal eléctrica, el decreto incluía «medidas necesarias para avanzar en un sistema eléctrico más resiliente, eficiente y preparado para dar servicio a la industria y vivienda que lo requiere».