Fuente: Invertia
Los últimos meses han estado cargados de fuertes tensiones entre las energéticas y el Gobierno por el impuestazo. Sin embargo, no es el único frente abierto que deriva de medidas aprobadas por el Ejecutivo.
Ahora, en los tribunales, algunas de las principales compañías del sector eléctrico están luchando por recuperar ingresos que consideran perdidos debido al recorte aplicado en los contratos de electricidad durante crisis energética.
Este recorte se originó a raíz del mecanismo de minoración establecido en el Real Decreto-ley 17/2021, aprobado por el Gobierno el 14 de septiembre y que legó a su fin en 2023. Dicho mecanismo redujo los ingresos extraordinarios obtenidos por las empresas a través de fuentes como la energía hidráulica, nuclear y renovable.
Su objetivo era el de evitar que estas compañías vendieran la electricidad generada por estas fuentes a los precios elevados del mercado mayorista, que se dispararon en el verano de 2021 a consecuencia del aumento de los costes del gas natural.
A lo largo de 2022, 2023 y 2024, el organismo regulador ha reiterado la inadmisión de varias reclamaciones planteadas por las empresas sobre estas facturas. Según fuentes consultadas por EL ESPAÑOL-Invertia, los pronunciamientos de la CNMC no sorprenden, pero permiten agotar todas las vías administrativas y escalar los casos a la Audiencia Nacional.
Las empresas argumentan en sus escritos que este mecanismo de minoración es contrario a la legislación española y europea, alegando que infringe el derecho a la igualdad y la libre formación de precios en el mercado mayorista de electricidad.
Además, cuestionan la constitucionalidad de la medida, al considerar que no hay una justificación válida para intervenir en la fijación de precios.
La disputa se ha intensificado tras una resolución emitida por la CNMC el 18 de abril de 2024, que abordaba la verificación de la energía exenta del mecanismo de minoración para el periodo de septiembre de 2021 a marzo de 2022. En la resolución de abril, se redujo el volumen de energía exenta, lo que afectó las liquidaciones definitivas y las facturas enviadas por REE.
Pronunciamientos de la CNMC
En cuanto a Iberdrola, la CNMC ha desestimado en cuatro ocasiones sus reclamaciones, la mayoría de las cuales ya han sido recurridas, según documentos consultados por este medio.
La primera resolución fue emitida el 17 de marzo de 2022. Pero la negativa se repitió en otros dos acuerdos emitidos el 13 de abril de 2023 y el 13 de junio de 2024.
Iberdrola impugnó facturas correspondientes a los meses de septiembre y diciembre de 2022, enero de 2023, así como al periodo comprendido de febrero a diciembre de 2023. Sin embargo, la CNMC consideró que los argumentos presentados por la compañía no eran procedentes dentro del marco del procedimiento.
El 31 de octubre de 2024, la CNMC volvió a rechazar una nueva reclamación de Iberdrola. En este caso, relacionada con las facturas emitidas entre septiembre de 2021 y marzo de 2022, afectadas por la resolución de la CNMC sobre el volumen de energía exento del mecanismo.
No obstante, el organismo rechazó la petición de Iberdrola de suspender el procedimiento hasta que se resolviera el recurso judicial, explicando que, si la Audiencia Nacional anulaba la resolución, las liquidaciones se ajustarían automáticamente a la sentencia.
Lo mismo ocurrió con Naturgy. El pasado 3 de diciembre, Competencia rechazó su reclamación sobre las facturas emitidas entre septiembre de 2021 y marzo de 2022 por el mismo motivo.
El organismo regulador adoptó una postura similar en otro acuerdo emitido el 24 de marzo de 2022, en el que inadmitió el conflicto de gestión económica y técnica planteado por Naturgy, que objetaba la aplicación del mecanismo de minoración. La compañía española también ha llevado los casos ante la Audiencia Nacional.
Por su parte, Acciona Energía también cuestionó la validez del Real Decreto-ley 17/2021 y consideró que la Resolución del 18 de abril de 2024 era ilegal. Por esta razón, también ha presentado un recurso judicial contra ella.
Los ojos en el Congreso
Pese a todo, ahora los ojos están puestos en el Congreso y en lo que ocurrirá con el conocido como impuestazo. La Cámara Baja ha fijado para el próximo miércoles, 22 de enero, el debate para la convalidación o derogación del decreto que incluye el nuevo gravamen energético.
Aunque estas normas ya están en vigor desde el pasado 23 de diciembre, cuando fueron aprobadas por el Consejo de Ministros, el Congreso tiene que decidir si los convalida o los deroga antes de que transcurran treinta días desde su promulgación, tal y como recoge el artículo 151 de la Constitución.
Si bien el Gobierno ha introducido en la nueva tasa algunas novedades demandadas por sus socios nacionalistas, las compañías energéticas confían en que la oposición de Junts y PNV frene sus intenciones.
