Fuente: El Economista
Las comercializadoras solicitan al Gobierno eliminar la tarifa regulada y el actual sistema del PVPC -el llamado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor- que entrará en vigor el próximo mes de enero y que afecta a unos 8 millones de contratos, alrededor del 34% de todos los consumidores domésticos. Otros 10 millones están ya en el mercado libre. En su opinión, debería destinarse solo para los colectivos más vulnerables. Ponen el foco además en que la posición de fuerza de las grandes empresas del oligopolio eléctrico está conduciendo a un deterioro de la libre competencia con la consiguiente pérdida de libertad de elección de los consumidores a largo plazo y su consecuente perjuicio en precios.
El VIII Foro de Energía de elEconomista celebrado este jueves han servido de altavoz para el deterioro sostenido que vienen sufriendo las comercializadoras independientes y los riesgos de una menor competencia en el sector eléctrico. Una situación que, en su opinión, supone un retroceso inaceptable de muchos años en la liberalización del mercado.
La quinta mesa de debate contó con la participación de Miguel Rodríguez-Checa, director general de Goldenergy (grupo AXPO); Pablo Abejas, CEO del Grupo Visalia; Jorge González Cortés, vicepresidente de Gesternova Energía; Antonio Colino, director general de Plenitude, Paula Román, directora general de Feníe Energía y Emilio Rousaud, CEO de Factorenergia. Reclaman, en definitiva, un mercado libre con reglas claras y una cuota de protección social necesaria para aquellos consumidores más vulnerables.
El foro se mostró unánime en que esta nueva tarifa de la luz debe seguir adelante sólo para los consumidores en riesgo por dificultades económicas. “El mercado libre ha sido puesto el último en la lista de prioridades frente al precio y lograr una factura más barata por lo que, lamentablemente, se ha sacrificado la libre competencia”, señaló Paula Román, directora general de Feníe Energía. En este sentido, Jorge González Cortés, vicepresidente de Gesternova Energía, reclamó que Gobierno y regulador hagan un esfuerzo para “ponerse en los zapatos de los consumidores”.
Otra consecuencia inevitable de esta situación es su efecto sobre la destrucción de la competencia y, a la postre, los perjuicios que acarrea a los clientes finales. “A medio plazo, los oligopolios o los monopolios siempre conllevan un inevitable control del mercado y suponen aumentos de precios, bajada de calidad de los servicios o ambas cosas”, concluyó Emilio Rousaud, CEO de Factorenergia.
Miguel Rodríguez-Checa, director general de Goldenergy (grupo AXPO), ofreció otro dato revelador: la cuota de mercado de 3 grupos integrados en España supera el 80%, una muestra de que “el mercado no funciona correctamente. Para lograr más liquidez y una mayor competencia para generadores, productores e inversores es necesario liberalizar el mercado de ventas que, en realidad, somos nosotros”.
Una opinión compartida por la directora general de Feníe Energía, quien subrayó también que “acogerse al PVPC no tiene porqué ser mejor. No creo que haya generado grandes ahorros. Puestos a atacar el problema, apostaría por desbloquear y mejorar el servicio, donde se está perdiendo valor. La tarifa regulada no es necesaria”, concluyó.
Europa denuncia
En cuanto al nivel de precios en España frente a Europa, los reguladores europeos aseguran que están bajando a un menor ritmo del que se trasladó en la subida de 2022: un año sin precedentes para los consumidores de energía y los mercados minoristas de la Unión Europea, en el que la recuperación pospandémica y la invasión rusa de Ucrania provocaron un aumento en los precios mayoristas de la energía que impactó fuertemente en las facturas de los consumidores.
Como avanzó elEconomista, los reguladores ACER y CEER, denuncian en su último informe sobre la evolución del mercado minorista de electricidad y gas natural que los precios de la energía están bajando a un ritmo más lento que el que experimentaron durante 2022 cuando los precios de los mercados mayoristas subían.
Pese al desembarco de numerosos players internacionales en el mercado durante los últimos años “todavía luchamos por una cuota residual”, confirmó Rodríguez-Chec. El actual sistema del PVPC ha generado incrementos de las facturas eléctricas y no existe una competencia libre y real”, concluyó.
Bono social
Actualmente la tarifa regulada está disponible para pequeños consumidores con una potencia contratada inferior a los 10 kW, entre los que se incluyen aquellos con acceso al bono social eléctrico. Aunque la reforma concreta que sólo se podrán acoger hogares y micropymes, y que el bono social se mantendrá ligado al PVPC, Pablo Abejas, CEO del Grupo Visalia, reclama que los esfuerzos del sector se dirijan hacia las personas en riesgo de pobreza energética. “No tiene sentido que oficinas de grandes bancos tengan tarifas reguladas. Todas las comercializadoras tenemos capacidad económica para ofrecer el bono social”.
Por su parte, González Cortés, considera que, “como concepto, antes de la gran subida de precios la tarifa regulada era inofensiva pero se volvió un mecanismo perverso cuando el pool eléctrico se disparó. Por nuestra experiencia en el mercado portugués, allí el escándalo de precios no se entendía. Cualquier medida fiscal tiene un impacto en el IRPF pero creemos que el bono social debe salir de los Presupuestos y tiene, además, que acotarse para que lo reciban sólo aquellas personas físicas que realmente lo necesiten”. En este sentido, Antonio Colino, director general de Plenitude, puso el foco en que el momento de mercado actual es de “aparente y extraña calma tras la gran crisis que originó un alza creciente de precios en un entorno de extrema volatilidad del mercado eléctrico diario e intradiario.
Pese a esta aparente calma chicha, recordó, las bajas de comercializadoras de electricidad se han disparado. Un fenómeno creciente desde que los precios comenzaron a dispararse a mediados de 2021. “El año 2023 ha comenzado con un récord de bajas de comercializadoras en los registros de la CNMC, pero este mercado no quede en manos de unas pocas compañías integradas en los grupos generadores”, como consecuencia de la crisis energética y de las medidas adoptadas por el Ejecutivo para paliarla.
La ‘subasta barata’
El debate se centró también en las barreras de entrada existentes en el negocio de comercialización de la electricidad y en la denominada subasta inframarginal para dotar al mercado de electricidad más barata. En este punto las opiniones se encontraron: sigue siendo necesaria la subasta (de las tecnologías más baratas, como las de origen nuclear o hidráulico), que figuraba en un Real Decreto-Ley aprobado en septiembre de 2021 y que, hasta la fecha, no se ha llevado a cabo.
Su pretensión era, recuerdan, introducir liquidez al mercado y, de esta forma, dotar a las empresas independientes de electricidad a buen precio para que su venta fuera competitiva. Una pelea que, recodaron los ponentes, “viene de largo” y en la que, una vez más, los grandes perjudicados en este asunto, junto con los consumidores, han sido las empresas eléctricas se tamaño medio.
“La subasta inframarginal, ni está ni se la espera, explican Emilio Rousaud, CEO de Factorenergia. No hay mensajes del Gobierno en ese sentido pero es un recurso para aumentar la competencia. No tenemos el nivel de competencia adecuado pero tampoco tenemos la subasta, ¿cómo se puede resolver?
La respuesta, en este sentido, también fue unánime: que se cumpla y aplique la ley como refleja el Real Decreto. La subasta de energía inframarginal que también reclama ACIE obligaría a las grandes eléctricas a ceder parte de su electricidad barata a las pequeñas comercializadoras y a los grandes consumidores industriales, que llevan meses pidiendo la puesta en marcha de esta medida. La necesidad de una mayor voluntad voluntad política y la inmovilidad del Gobierno centraron también el foro. “Las subastas no se están implementando, pese a que la legislación es muy clara”, recordó Rousaud.
Esta subasta fomentaría, en opinión de los ponentes, la contratación a plazo por parte de los comercializadores no tradicionales, mientras siga presente el contexto de incremento de la concentración del mercado minorista y la reducida liquidez de los mercados a plazo. “Esto, a su vez, facilitaría que las comercializadoras independientes tuvieran opción de obtener y de poder ofrecer al mercado precios más económicos”, indicó González Cortés, vicepresidente de Gesternova Energía.
