Fuente: El Economista
La Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (ACIE) ha mostrado su desacuerdo con la próxima modificación de la normativa que regula la tarifa de electricidad. En la propuesta planteada por el Gobierno se amplía el periodo de transición para que las empresas y consumidores no vulnerables puedan adherirse al mercado libre desde un Comercializador de Referencia Energético (COR). Concretamente, la Disposición transitoria segunda define el régimen para las pequeñas y medianas empresas (PYMES) que actualmente tengan contrato de suministro PVPC en vigor pero que no puedan seguir teniéndolo por no ser microempresas a partir de 2024.
Esta situación, según las comercializadoras, puede provocar que las entidades que tengan contrato en vigor con un comercializador de referencia el 31 de diciembre de 2023, continúen con él hasta su finalización. Una situación que daría lugar a ampliar su contrato de Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) hasta un año más.
“Entendemos que el periodo transitorio de un año es demasiado amplio y desde luego más que suficiente para que las empresas puedan pasarse al mercado libre. De hecho, esta propuesta regulatoria debería ser más ambiciosa, procediendo a establecer un plan ordenado de paso de la COR al mercado libre para empresas de todos los tipos y para todos los consumidores que no sean vulnerables”, ha indicado Emilio Rousaud, presidente de ACIE.
Ante esta coyuntura, la propuesta de ACIE, en la participan empresas como TotalEnergies, Engie, Acciona, Plenitude, Factorenergía o Fenie, consistiría en establecer un periodo de seis meses desde la entrada en vigor del proyecto para que las empresas pasen su suministro a mercado libre o se vean penalizadas por el recargo del 20% sobre PVPC en caso de mantenerse con un comercializador de referencia.
Asimismo, la norma debe completarse, al menos, con una planificación indicativa del plan de salida progresiva de consumidores no vulnerables del PVPC por tramos de potencia decrecientes. De lo contrario, indica Acie, “se estaría perpetuando en el tiempo con carácter indefinido y no transitorio, sin cumplir el mandato regulatorio impuesto a nivel europeo”.
La asociación va más allá e incluye también la necesidad de incluir la fijación de un criterio para que en 2025 los COR atiendan exclusivamente a consumidores vulnerables con PVPC y/o bono social o consumidores que transitoriamente carezcan de un contrato en mercado libre.
Para Acie se podría valorar la inclusión de un campo en el Sistema de información de puntos de suministro de gas y electricidad (SIPS) para indicar el cliente y/o usuario que debe abandonar el PVPC por su condición de empresa en 6 meses o de 12 meses en microempresa.