Fuente: El Economista
La Asociación de Comercializadores Independientes de Energía (Asociación de Comercializadores Independientes de Energía, ACIE) ha solicitado al Gobierno que el nuevo Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento General de Suministro y Contratación de la comercialización de energía eléctrica incorpore un periodo transitorio de adaptación. El objetivo, según la organización, es permitir que las empresas comercializadoras puedan adecuar de forma efectiva sus procesos internos, sistemas informáticos y documentación contractual a las nuevas exigencias. regulatorias.
ACIE advierte de que una entrada en vigor inmediata de la norma, o su exigibilidad al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, resultaría materialmente imposible de cumplir para buena parte del sector. La asociación subraya que el impacto sería especialmente severo en las comercializadoras de menor tamaño, con estructuras organizativas y tecnológicas más limitadas, lo que podría derivar desde el primer momento en incumplimientos no voluntarios y en un escenario de elevada inseguridad jurídica.
El proyecto de Real Decreto introduce un conjunto amplio de nuevas obligaciones que afectan de manera directa a la actividad diaria de las comercializadoras. Entre los ámbitos más afectados se encuentran los procedimientos de contratación, la información facilitada al consumidor, la documentación contractual y los sistemas internos de facturación, gestión, control y atención al cliente, lo que exige, a juicio de ACIE, un proceso de adaptación ordenado y realista.
“El nuevo Proyecto de Real Decreto introduce cambios muy relevantes para la actividad de las comercializadoras, afectando desde la contratación hasta la atención al cliente, pero no contempla ningún periodo de adaptación”, ha señalado el presidente de la asociación, Julio César Nieto. En este sentido, recuerda el precedente de la Ley 10/2025, que estableció un plazo transitorio de doce meses para garantizar una implementación progresiva. “Consideramos imprescindible que el Gobierno incluya un plazo similar en este Real Decreto. Solo así las empresas podrán ajustar sus procesos y sistemas de manera efectiva, asegurando el cumplimiento de la norma y evitando riesgos de inseguridad jurídica desde el primer día de aplicación”, añade.
La tramitación del proyecto se inició en el verano de 2024 con la apertura de una consulta pública por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Posteriormente, el texto fue remitido al Consejo de Estado en diciembre de 2025 para la emisión de su informe preceptivo. Durante este proceso, ACIE se personó ante el Consejo y presentó alegaciones a la versión final del proyecto, solicitando además la apertura de un nuevo trámite de audiencia ante el Ministerio, al considerar que el texto definitivo incorporaba cambios sustanciales respecto al sometido a información pública a finales de julio de 2024.
A día de hoy, el Consejo de Estado ha publicado en su página web el despacho relativo a la emisión de su informe, aunque su contenido todavía no ha sido hecho público. Mientras tanto, el sector permanece a la espera de conocer el criterio del órgano consultivo y de que el Gobierno decida si introduce un periodo transitorio que, según las comercializadoras independientes, resultará clave para una aplicación efectiva y jurídicamente segura del nuevo marco regulatorio.