Fuente: El Economista
Las asociaciones Acogen, Cogen España y Adap han interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 917/2025, que modifica el Real Decreto 413/2014, al considerar que la regulación española de la prioridad de despacho eléctrico sigue sin ajustarse al marco jurídico de la Unión Europea.
La prioridad de despacho determina el orden en el que las distintas tecnologías pueden verter electricidad a la red. En el modelo vigente en España, las energías renovables tienen prioridad, seguidas por la cogeneración y, posteriormente, el resto de tecnologías. Según las asociaciones del sector, esta jerarquía está provocando paradas cada vez más frecuentes de las plantas de cogeneración en episodios de elevada producción renovable, una situación que afecta directamente a industrias intensivas en energía —como las químicas, refinerías, papeleras, alimentarias, cerámicas, agrícolas o de tratamiento de residuos— ligadas a estas instalaciones.
Los cogeneradores advierten de que estas paradas intermitentes, con casuísticas diversas, impactan en la continuidad de los procesos productivos, la competitividad industrial y la seguridad de suministro, al tratarse de instalaciones que integran generación eléctrica y térmica de forma conjunta. En este contexto, las asociaciones sostienen que el marco regulatorio español debería alinearse con el Derecho comunitario para aportar mayor seguridad jurídica y facilitar una operación del sistema eléctrico con menos restricciones.
Según recuerdan, el Reglamento (UE) 2019/943, de aplicación directa desde julio de 2019, limita de forma expresa la prioridad de despacho y no la contempla con carácter general para instalaciones renovables ni de cogeneración puestas en servicio después del 4 de julio de 2019. La normativa europea circunscribe el despacho prioritario a supuestos muy concretos y mantiene un tratamiento específico únicamente para instalaciones anteriores a esa fecha que no hayan realizado modificaciones significativas ni ampliaciones de capacidad.
Desde el sector de la cogeneración se subraya que el marco europeo reconoce la igualdad de trato entre cogeneración y energías renovables y protege los derechos adquiridos de las instalaciones existentes antes de 2019. A su juicio, mantener en España una prioridad de despacho generalizada para las renovables supone una contradicción con la normativa comunitaria y genera distorsiones en la operación del sistema eléctrico.
Las asociaciones estiman que alrededor de 50.000 megavatios (MW) de potencia renovable —aproximadamente la mitad del parque renovable instalado— estarían disfrutando actualmente de una prioridad de despacho que no les correspondería conforme al Derecho europeo. Esta situación, argumentan, condiciona la gestión del sistema eléctrico y penaliza a tecnologías gestionables como la cogeneración industrial.
A finales de 2019, la potencia renovable instalada en España ascendía a unos 53.200 MW, cerca del 50% del total. Desde entonces, se ha duplicado hasta alcanzar alrededor de 101.000 MW en 2025, con unos 48.000 MW fotovoltaicos y 33.000 MW eólicos, lo que representa ya el 68% de los 148.000 MW instalados con todas las tecnologías. Frente a ello, el consumo medio anual se sitúa en torno a 29.000 MW, con picos de unos 40.000 MW, lo que está provocando un aumento de los vertidos de generación renovable por falta de demanda y saturación de las redes.
De cara a 2030, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) prevé alcanzar 160.000 MW de potencia renovable sobre un total de 214.000 MW. Según los cogeneradores, este objetivo exigiría incrementar la demanda eléctrica nacional en más de un 40% en apenas cinco años, lo que refuerza la necesidad de revisar las reglas de operación del sistema.
Las asociaciones atribuyen al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la responsabilidad de no haber adaptado desde 2020 la normativa de prioridad de despacho al marco comunitario, una situación que, sostienen, ya está teniendo efectos crecientes sobre la seguridad de suministro, la competitividad industrial y el desarrollo equilibrado del sistema eléctrico. En paralelo, recuerdan que la cogeneración es una tecnología eficiente, gestionable y síncrona, que en los últimos cinco años se ha visto obligada a parar el equivalente a dos centrales nucleares en unas 250 instalaciones repartidas por todo el país.
A su juicio, esta situación se ha visto agravada por el retraso en la convocatoria de los mecanismos de inversión mediante subastas previstos en la legislación y anunciados en 2021, en un contexto marcado por la saturación de los accesos a la red eléctrica y por problemas crecientes en la calidad del suministro.