Fuente: El Economista
El Ministerio para la Transición Ecológica ha lanzado un salvavidas a las renovables que supondrá un incremento en la tarifa eléctrica que paga el consumidor de alrededor de un 2% a partir de 2026. El Gobierno ha puesto sobre la mesa un proyecto de orden que actualiza los parámetros retributivos del régimen específico para instalaciones renovables, cogeneración y residuos correspondiente al periodo 2026-2031 que supondrá un incremento de costes por primera vez desde 2017.
Según explica el Ministerio en la memoria económica de la propuesta, se fija una rentabilidad razonable del 7,09% para la mayoría de las instalaciones primadas y del 7,398% para aquellas que cumplen con las condiciones especiales previstas en la Ley 24/2013.Así, las estimaciones presentadas por el Gobierno prevén que las renovables reciban 5.908 millones en 2026, frente a los 4.600 millones del año anterior, es decir, un incremento del 28,4% el próximo año, en total 1.300 millones de euros.
La cifra planteada por el Gobierno permanece de este modo por encima del nivel de 2022 cuando este coste ascendía a 4.787 millones pero seguirá por debajo de los 7.105 millones que se destinaron en 2017 o los 6.514 millones del año 2020, fechas de revisión de dichas retribuciones.
Este incremento tendrá también un impacto en los Presupuestos Generales del Estado. Dado que la Ley establece que los sobrecostes derivados de la actividad de producción de energía eléctrica, cuando se desarrollen en los sistemas eléctricos aislados de los territorios no peninsulares (147,5 millones de euros), serán financiados en un 50% con cargo a las cuentas del estado, se estima que este importe será de 73 millones en el año 2026.
Las razones para este incremento hay que buscarlas en la difícil coyuntura de mercado que atraviesan las renovables donde se ha registrado una reducción de las horas de producción reales de ciertas tecnologías, lo que obliga a incrementar el dinero que les llega por la parte regulada para mantener la rentabilidad razonable.
Para analizar esta reducción, el Gobierno ha calculado el porcentaje de reducción de las horas de funcionamiento reales en el periodo 2023-2025 en comparación con el periodo de referencia 2017-2022, incluyendo en la muestra de cálculo únicamente las instalaciones que seguirán activas a partir de 2026. Así las horas de funcionamiento se reducen en un 29% para la cogeneración, en un 28% para la biomasa; en un 21,8% para la instalación de biogás; un 10,3% para la termoeléctrica; un 9,67% para la eólica y un 8,9% para la fotovoltaica.
La actualización se apoya en la metodología contenida en el Real Decreto 413/2014 y ajusta tanto la retribución a la inversión como, en su caso, la retribución a la operación para todas las instalaciones tipo del régimen retributivo específico. Según el documento, el Gobierno prevé precios de mercado de 62,24 euros por megavatio hora en 2026, 59,53 euros en 2027 y 58,78 euros a partir de 2028, lo que refleja un escenario de precios moderados tras la volatilidad registrada en los últimos ejercicios. Estos valores condicionan los ingresos reconocidos a las plantas acogidas al sistema de primas.
La orden incorpora también nuevas instalaciones tipo dirigidas a unidades de pequeña potencia, con el fin de ajustar el cálculo de desviaciones entre precio real y precio estimado. El documento recuerda que el régimen retributivo específico se financia principalmente con cargos del sistema eléctrico y que la retribución final dependerá de la evolución efectiva de los precios de mercado.
La revisión llega en un momento clave para los inversores del sector renovable, que afrontan un entorno de costes al alza, exigencias regulatorias más estrictas y una menor entrada en el mercado. La fijación de la rentabilidad para los próximos seis años proporciona certidumbre regulatoria, si bien el ajuste de horas y precios de referencia podría reducir los ingresos esperados en algunas tecnologías, como la cogeneración.
Los costes de representación y los de operación y mantenimiento se han aumentado un 1% anual en el periodo 2026-2028 y los costes de los desvíos se mantienen en los valores de 2025.El texto estará en fase de consulta pública durante varias semanas antes de su aprobación definitiva. El periodo regulatorio 2026-2031 comenzará el próximo 1 de enero y será determinante para orientar nuevas inversiones, cerrar proyectos en operación y garantizar la estabilidad financiera para el despliegue renovable en la próxima década.
Petición de Bruselas
Según el informe de la Comisión Europea sobre la Unión energética, España ha mostrado una recuperación relevante en el ritmo de instalación de renovables. Nuestro país demuestra que mantiene un ritmo elevado. Sin embargo, la Comisión subraya que este avance no puede interpretarse como un signo de comodidad. El nuevo marco regulatorio, con la entrada en vigor de RED III, eleva de forma sustancial la exigencia para el periodo 2025-2030, y exige demostrar que las medidas vigentes no sólo están aprobadas, sino que generan impactos cuantificables y verificables en el corto plazo.
El informe insiste en que España debe ofrecer una explicación más detallada y numérica de cómo piensa cumplir la nueva trayectoria obligatoria hacia 2030. La Comisión observa que muchos Estados miembros señalan dificultades metodológicas para comparar las referencias antiguas con las nuevas, pero deja claro que esas dificultades no pueden utilizarse para justificar la falta de claridad. En el caso español, reclama una planificación más precisa que vincule los objetivos con calendarios de ejecución, capacidad adjudicada, conexiones a red, medidas de flexibilidad y almacenamiento, así como una anticipación realista a los cuellos de botella.