Fuente: OK Diario
El Gobierno publicó este lunes en el BOE la orden para el inicio del desmantelamiento de la central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos), un proceso que estima que tendrá un coste de 475 millones a lo largo de 10 años. Pero tanto los precedentes como los propios cálculos de Enresa (Empresa Nacional de Residuos Radioactivos) sugieren que el coste real finalmente puede llegar a duplicar esta cifra.
El ejemplo más claro es la central de Zorita (Guadalajara), cerrada en 2006 con un coste estimado de 170 millones. El coste real no se ha hecho público, pero oscila entre el doble y el triple de esa cantidad, según las diferentes fuentes. Algo que puede repetirse perfectamente en el caso de la central de Garoña.
«Desmantelar una central nuclear es un proceso complejísimo que requiere un inventario de todas las piezas y unos protocolos muy estrictos. Hay que sacar el combustible y luego los residuos de media y baja intensidad, etc. Todo eso ya es muy caro de por sí, pero cuando Enresa se mete a desmantelarla, no sabe lo que se va a encontrar. Y siempre se encuentra cosas que no esperaba y que aumentan muchísimo los costes», explica un experto en seguridad nuclear.
La propia Enresa ha ido subiendo todos los años su estimación del coste de cerrar todas las centrales nucleares en España. Así, se ha disparado desde los 14.248 previstos en 2019 hasta los 24.435 millones (si se construye un solo almacén de residuos centralizado) o los 26.650 millones (si se opta por hacer siete almacenes, uno para cada central) del último cálculo de 2022.
Este enorme coste cuestiona el empeño de Pedro Sánchez y de su ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, de seguir adelante con el cierre de todas las centrales nucleares. Por el contrario, Alberto Núñez Feijóo lleva en su programa electoral la extensión de su vida útil (aunque no la construcción de nuevas centrales), algo que ha apoyado hasta la antinuclear Alemania, como ha informado OKDIARIO.
Tanto Sánchez como Ribera han criticado duramente esta propuesta del PP con el argumento de que no se sabe quién va a pagar el coste de mantenerlas en funcionamiento, que tampoco cuantifican. Pero ninguno de ellos hace referencia a la citada tarifa de cerrarlas, que sí está calculada por esta empresa pública.
Precisamente, este enorme coste provocó un debate ya en tiempos del Gobierno de Mariano Rajoy con Álvaro Nadal como ministro de Energía, sobre si el coste de cerrar las centrales debe asumirla el Estado o las empresas propietarias de las mismas. En la actualidad, las empresas siguen negándose a hacer frente a esas cantidades. «Con lo mal que las ha tratado este Gobierno con medidas como el impuestazo, las empresas no van a asumir ni el coste ni el sobrecoste. Y si el Ejecutivo quiere que paguen, las tendrá que llevar a los tribunales», según otra fuente del sector.
El cierre de Garoña se decidió en 2013, pero en 2014 la empresa propietaria, Nuclenor (Endesa e Iberdrola), solicitó la renovación de su autorización porque el cierre no se debía a motivos de seguridad nuclear, sino políticos. En 2017, fue denegada definitivamente esa solicitud y programado su cierre que ahora comienza.
El proceso de desmantelamiento se alargará durante 10 años y el Gobierno estima que dé empleo durante ese período a 350 personas de forma simultánea.
