Fuente: El Periódico de la Energía
El Consejo Europeo se ha comprometido este jueves a que la reforma del diseño del mercado de la electricidad en la Unión Europea esté aprobada antes de que finalice el año.
Así, el presidente Sánchez y sus colegas europeos han aprobado el siguiente texto:
“El Consejo Europeo invita a los colegisladores a que lleguen rápidamente a un acuerdo
sobre todas las propuestas pertinentes para acelerar la transición ecológica y a que
impulsen sin demora los trabajos sobre la propuesta de revisión de la configuración del
mercado interior de la electricidad de la UE con vistas a lograr su adopción antes de que
termine 2023″.
De esta manera se cumpliría la petición que realizó en varias ocasiones el Gobierno español, a través de la vicepresidenta Teresa Ribera, quien defendía que sería bueno hacerlo antes de las elecciones europeas de 2024.
Proteger al consumidor
La Comisión Europea se ha marcado como objetivo que la futura reforma del mercado eléctrico europeo entre en vigor antes del próximo invierno, para que los consumidores y el sistema en general puedan ya beneficiarse desde entonces de algunas de sus medidas en caso de que se repita un escenario de altos precios.
Entre las novedades está la obligación de que en cada Estado miembro los consumidores tengan un tipo de contrato fijo por un período de, al menos, un año, tras observar que en algunos países los interesados en cambiar las condiciones de contratación en plena crisis energética no podían suscribir ninguno que les ofreciera precios fijos a más de tres meses vista.
Otro de los pilares de la propuesta es el de mejorar la estabilidad de los precios de la energía, lo que redundaría, principalmente, en una mayor competitividad de la industria.
Mercados a plazos
Una de las medidas serían los PPA o contratos de compraventa de energía a largo plazo, un modelo que España lidera en el Viejo Continente y que ahora la CE intenta incentivar al ser una forma barata de promover la inversión en renovables sin recursos de los Estados.
La segunda iniciativa sería el establecimiento de contratos por diferencias bidireccionales, de modo que no sólo se asegure un suelo de ingresos al generador sino que si los precios son muy altos, éste tenga que devolver el dinero al Estado, que, a su vez, lo repartirá entre los consumidores.
Se trata de un mecanismo que ya está siendo utilizado en países como España; es más, en esta crisis ha supuesto una fuente extra de ingresos para Estados que han podido usarlos después para amortiguar la subida de precios a los consumidores, como se ha visto en Portugal.
Capacidad y almacenamiento
Bruselas prevé también facilitar esquemas de capacidad y almacenamiento, de forma que durante los picos de consumo se pueda generar más electricidad de origen fósil o verter al sistema la que se haya almacenado, así como establecer mecanismos de reducción de demanda en los que se paga a un gran consumidor, por ejemplo una planta industrial, a cambio de interrumpir su abastecimiento en momentos de picos de demanda.
España presentó un documento de trabajo para la reforma, muchos de cuyos puntos han sido retenidos en la propuesta de la Comisión y que incluía también la posibilidad de fijar un precio fijo para la electricidad generada por instalaciones nucleares o hidráulicas ya amortizadas.
Fuentes comunitarias señalaron que no se ha incluido esa idea en la propuesta porque ese sistema retroactivo para cambiar las condiciones de precio fijadas previamente enviaría una “mala señal para los inversores”.