Fuente: El Economista
Con un objetivo para la industria marcado por Europa consistente en pasar del 16% actual de contribución al PIB nacional al 20%, el sector requiere de seguridad energética y de competitividad para poder desarrollarse en el país. Y para ello, la tecnología nuclear se antoja indispensable. Tanto, que la prórroga de la vida útil de las centrales nucleares permitiría a la industria ahorrar 1.400 millones de euros anuales en su factura eléctrica. Así lo asegura la consultora Deloitte a través de un estudio técnico en el que ha analizado la localización de la industria y sus consumos, la evolución de la demanda eléctrica y los costes energéticos, entre otros aspectos.
Según sus cálculos, el coste energético que asume la industria española fue en 2023 de 15.500 millones de euros, equivalente a una cuarta parte de su beneficio o a una sexta parte de sus costes de personal. A su vez, los consumos de electricidad supusieron en el mismo año el 31% de todo el consumo energético de la industria, así como un tercio del consumo eléctrico de todo el país.
De todo el consumo eléctrico industrial, el 60% se centra en cuatro comunidades autónomas, debido a la presencia de clústeres de sectores electrointensivos muy localizados. Estas son Cataluña, con una fuerte presencia de industrias de alimentación y químicas, País Vasco, con un fuerte arraigo de la metalurgia, Andalucía, con una gran presencia de alimentación y metales, y Comunidad Valenciana, con una mezcla más heterogénea. Estas industrias, junto con otras como las cementeras o las papeleras, requieren un uso intensivo de energía durante buena parte del día y del año, superando en muchos casos las 5.000 horas anuales equivalentes a plena carga de funcionamiento.
Además, el informe prevé que se produzca un fuerte incremento de la demanda eléctrica en zonas donde no existe una gran concentración industrial, debido precisamente al interés en nuevos desarrollos industriales, al desarrollo de los centros de datos y a la creación de nuevos centros de generación de combustibles renovables.
En este escenario, el informe estima que la prórroga de la vida útil de las centrales nucleares permitiría un ahorro sectorial de 1.400 millones. Primero, porque posibilitaría reducir el precio medio anual de la electricidad en el mercado diario en 14 euros por megavatio-hora (MWh) respecto al escenario vigente, en el que los cierres de los siete reactores nucleares comenzarían a producirse de forma escalonada a partir de 2027. Segundo, porque también contribuiría con ahorros al reducir la necesidad de recurrir a los servicios de ajuste, especialmente demandados por el sistema eléctrico tras el episodio del apagón. Tercero, porque contribuiría a una posible volatilidad de precios, como ya sucedió en la crisis de 2022, cuando —de acuerdo con los cálculos de Deloitte— la nuclear evitó 5.000 millones de euros en costes adicionales. Y cuarto, porque otorgaría el tiempo necesario para el despliegue del almacenamiento, dado que se da por hecho que los objetivos fijados por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) para 2030 no se van a cumplir, logrando además un menor capex por las mejoras tecnológicas que se produzcan en este margen de tiempo.
Así, la consultora estima una reducción de 1.400 millones de euros en costes para la industria. Por tipologías, los mayores ahorros sobre los beneficios netos se producirían en el sector metalúrgico (24%), en el químico (7%) o en el papelero (6%).
“La competitividad de la industria y nuestra autonomía energética pasan por extender el funcionamiento de nuestro parque nuclear. Un sistema energético predecible y fiable es clave para poder ofrecer precios estables y asequibles de la energía, lo cual es una de las grandes demandas de la industria. Entre todos los actores económicos, debemos afrontar la realidad de que algunas previsiones no se han cumplido y que hemos de aprovechar las tecnologías y recursos con las que ya contamos y que darán fiabilidad al sistema”, indicó Laureano Álvarez, socio de Energía de Monitor Deloitte.
En clave de seguridad, la localización de las centrales y su tipo de producción, sostenido durante las 24 horas del día, dotaría a las zonas más industrializadas de una mayor estabilidad eléctrica. En este sentido, el informe arroja que el perfil del consumo industrial es continuo y plano, superando las 6.000 horas anuales en muchos casos. Al respecto, la tecnología nuclear, que aportó en 2024 el 20% de toda la electricidad al sistema español, operó unas 7.700 horas equivalentes, ofreciendo respaldo firme a los procesos industriales. Si el consumo industrial en 2023 fue de 65 teravatios-hora (TWh), la producción nuclear alcanzó los 55 TWh en ese mismo periodo.
De forma complementaria, el documento estima que el mantenimiento de las centrales evitaría la emisión de 14 millones de toneladas de dióxido de carbono anuales en 2035.
Situación en Almaraz
El pasado 30 de octubre las tres energéticas que componen la sociedad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo (CNAT), enviaron al Gobierno la petición formal para extender la vida útil de la central cacereña. Una petición que, según reconoció la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, responde a una de las líneas rojas fijadas por el Gobierno al renunciar a la rebaja fiscal.
En respuesta, el Ministerio para la Transición Ecológica dio traslado de la petición al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), órgano que actualmente realiza los trabajos pertinentes para avalar desde el punto de vista técnico si el complejo nuclear cumple con las condiciones de seguridad radiológica y nuclear para poder seguir operando. Si finalmente la iniciativa de las eléctricas aprobase el criterio del CSN, el proceso tendría por delante otras dos barreras: una, contar con el visto bueno de Red Eléctrica mediante un informe preceptivo; y otra, contar finalmente con el apoyo político.