Fuente: El Periódico de la Energía
El Observatorio sobre Derecho de la Energía del Centro de Innovación del Derecho (CID-ICADE) ha presentado la jornada “El futuro de la electricidad en Europa”. En dicha jornada se han analizado los aspectos más destacados de la propuesta de diseño del mercado de la electricidad recientemente presentada por la Comisión Europea, así como los defectos fundamentales que presenta la propuesta de reforma elaborada a tal fin por el Gobierno español.
Y lo han hecho tres voces autorizadas del mundo del Derecho de la Energía como son Marina Serrano, presidenta de Aelec, Miguel Arias Cañete, ex comisario de Energía y Jorge Sanz, socio de NERA Consulting.
El evento, moderado por Juan José Lavilla Rubira, Profesor de derecho administrativo de ICADE y presentado por Abel Veiga Copo, Decano de la Facultad de Derecho de ICADE, ha puesto de manifiesto la importancia de que el nuevo diseño del mercado se realice con pleno respeto a las libertades fundamentales de los tratados y a los principios básicos del derecho de la Unión y no suponga una desregulación del mercado interior de la energía.
El nuevo diseño
La Comisión Europea ha puesto en marcha el que será uno de los temas más candentes de la agenda energética de la UE en 2023: la reforma del diseño del mercado eléctrico comunitario.
El 23 de enero, el Ejecutivo comunitario lanzó una consulta pública de tres semanas sobre las prioridades de la reforma de las normas del mercado eléctrico.
La consulta, que debe servir de base a una propuesta legislativa prevista para el mes marzo, pretende dar respuesta a dos cuestiones principales: cómo proteger a los consumidores de las perturbaciones externas de los precios y cómo garantizar que los inversores reciban las señales a largo plazo para seguir invirtiendo en energías renovables y gestión de la demanda.
Los expertos han coincidido en que cualquier diseño de mercado puede mejorarse, pero es esencial que la próxima propuesta legislativa de la Comisión contribuya a mejorar el marco de contratación de los clientes, impulsar la inversión en tecnologías limpias, garantizar la confianza de los inversores, así como preservar los múltiples beneficios que el mercado interior de la energía ha aportado a la Unión Europea.
A pesar de que el nuevo diseño debería construirse bajo estas premisas, los expertos del sector han señalado que existe una honda preocupación acerca de las barreras que puede erigir esta nueva regulación y que supondría poner en peligro las nuevas inversiones sostenibles.
Tal y como ha apuntado Marina Serrano, “la propuesta española parte de premisas erróneas. Se basa en un supuesto fallo del mercado y en los llamados beneficios caídos del cielo, pese a que se ha demostrado que más del 70% de electricidad que se ha vendido se ha hecho por debajo del pool”.
Las deficiencias de la propuesta del gobierno de España
Durante la mesa redonda se han tratado varios de los puntos polémicos de la propuesta enviada a Bruselas por parte del gobierno español. Los expertos han coincidido en que la propuesta española no es consecuencia de la situación de crisis energética que vivimos. Tal y como ha señalado Juan José Lavilla: “Supone el cumplimiento del acuerdo que se pactó en el año 2019 con Podemos y que incluía un gran número de medidas que se sustentan en el intervencionismo del Estado”.
Indican, además, que las principales deficiencias de la propuesta española derivan de que permita a los Estados intervenir y fijar los precios regulados a la generación existente, así como imponer la obligatoriedad de los contratos por diferencia (CfD).
En concreto, Jorge Sanz ha considerado que “la propuesta corre el riesgo de aumentar los costes y los precios al eliminar el mercado y la competencia. Y ello porque prevé un modelo disgregado en el que cada regulador nacional fije las condiciones del precio y la planificación energética, de forma similar a como se actuaba en el siglo pasado antes del ingreso en la Unión Europea. Si algo ha puesto de manifiesto el mercado es que permite incentivar las inversiones en renovables permitiendo con ello que el precio que se ofrece a los consumidores sea más competitivo.”
Para los ponentes, la capacidad de las compañías eléctricas para competir a lo largo de la UE debe mantenerse íntegramente en cualquier revisión. Tal y como han destacado, esta situación ha proporcionado enormes beneficios a los ciudadanos y a la industria durante más de 30 años, y debe garantizarse en cualquier nuevo modelo.
Con la propuesta española, en vez de consolidar el mercado interior de la energía, se corre el riesgo de incrementar la fragmentación del mercado interior europeo. Los precios de los consumidores se decidirán de manera aislada en cada Estado miembro sin opción a beneficiarse de un mercado interior de la energía que garantiza precios competitivos de la electricidad y promueve la seguridad del suministro al menor coste.
Precio más competitivo
Según los ponentes, los datos ponen de manifiesto que, en España, gracias a la mayor penetración de renovables, el precio de la energía es mucho más competitivo al no depender del precio del gas. El resultado de las medidas de intervención de los últimos meses, demuestran que se ha aumentado el consumo de gas y de emisiones y un mayor coste para los consumidores que tenían tarifa fija y que han tenido que pagar el sobre coste que ha supuesto el cap del gas.
Durante la mesa redonda se han tratado varios de los puntos polémicos de la propuesta enviada a Bruselas por parte del gobierno español. Los expertos han coincidido en que la propuesta española no es consecuencia de la situación de crisis energética que vivimos, sino que supone el cumplimiento del acuerdo que se pactó en el año 2019 con Podemos y que incluía un gran número de medidas que se sustentan en el intervencionismo del Estado.
Estas medidas, crean un marco de incertidumbre para las inversiones basadas en un precio de mercado, poniendo en riesgo su realización, puesto que las decisiones quedarían en manos del regulador. Además, la incertidumbre asociada al nuevo diseño del mercado retrasará las inversiones en el corto plazo, que son críticas para reducir la dependencia del gas y mitigar la crisis actual.
Para Miguel Arias Cañete, “Si se fragmenta el mercado con esta propuesta de diseño del mercado eléctrico, cabe la posibilidad de que se pierda inversión privada, ya que los inversores no conocen barreras. Y esto es trágico porque no alcanzaríamos los objetivos europeos”.
Aunque se considera que la propuesta española identifica correctamente algunos de los problemas para el desarrollo de renovables en base a contratos PPA, la solución que propone el gobierno no aborda estos temas, sino que confía todo el desarrollo de las nuevas renovables a un régimen regulado (CfDs con el regulador) sin que estos tengan una referencia de mercado como ocurre en otros países como el Reino Unido. Se destaca como critica adicional la fijación de CfDs para la energía inframarginal.
La consulta de Bruselas
Los expertos han destacado que el documento de consulta que está analizando la Unión Europea contiene aspectos muy positivos sobre los posibles beneficios que las energías renovables pueden proporcionar más directamente a los consumidores, pero corre el riesgo de que no se pueda aplicar al dejar a los Estados poner precios regulados, con herramientas adicionales para complementar el mercado spot de corto plazo, acelerando y ampliando los contratos a largo plazo (PPA o acuerdos similares), y garantizando la evolución y el desarrollo del mercado interior de la energía. El documento también reconoce la necesidad de disponer de mercados de capacidad, que garanticen la seguridad de suministro.
“Hay que profundizar en la contratación de los mercados a plazos y avanzar en impulsar el mercado interior a nivel europeo. La consulta europea debería también reflejar aspectos como levantar las barreras de contratación a largo plazo”, ha afirmado Marina Serrano.
La mayor preocupación de la propuesta comunitaria que han apuntado los ponentes es que la Unión Europea deje en manos de los Estados miembro la posibilidad de aprobar una regulación individualizada sobre subastas para nueva generación renovable; subastas en las que resultan contratos a largo plazo a precio fijo. Estas subastas pueden ser una herramienta válida para impulsar las inversiones en electricidad limpia, siempre que estén referenciadas a precios de mercado y de forma homogénea en Europa, especialmente en determinados casos (por ejemplo, la eólica marina). La experiencia española pone de manifiesto que la inmensa mayoría de los MW renovables que se han construido lo han sido al amparo de PPA con clientes y no mediante el sistema de subastas.
Como ha afirmado Miguel Arias Cañete, “la propuesta española pretende que se legisle como si todo el mercado europeo se redujera a España. Pero la Comisión Europea tiene que tener en cuenta todas las realidades que existen. No se puede crear un modelo pensando en un único país pero de aplicación comunitaria”.
Los ponentes han concluido enfatizando que los principios de mercado deben ser la base subyacente de la reforma, fomentando así mismo las interconexiones que permitan la libre circulación de la energía y sin que el precio o la tributación entre los Estados sea un obstáculo. Cualquier paso hacia la intervención de los mercados – con precios fijados por los gobiernos o los reguladores- no aportará beneficios a los ciudadanos, ni a la industria a largo plazo. Frenará la innovación, desincentivará la eficiencia energética, conducirá a precios más altos y no atraerá inversiones, como era el caso antes de la liberalización.
