Fuente: Cinco Días
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha hecho patente este jueves su apoyo a la prohibición de la contratación de la electricidad por teléfono recogida en el proyecto del Reglamento General de Suministro y Contratación y cree que “debería ampliarse a otras empresas, como las de telefonía, que comparten los mismos problemas, relacionados con la falta de transparencia y los abusos contra los usuarios”, según recoge un comunicado publicado en su web.
Este martes, El País informaba de la intención del Gobierno de poner fin a estas prácticas a través de un real decreto que está actualmente en trámite de audiencia pública, en el Ministerio para la Transición Ecológica y que establece, en su artículo 13, “el final de la posibilidad de que los comercializadores puedan realizar publicidad y contratación del suministro vía telefónica, salvo que exista una petición expresa por parte del consumidor o la llamada sea originada por su propia iniciativa”.
Esta era una petición de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que, en su último informe sobre los mercados minoristas de gas y electricidad, ya planteaba esta medida. En dicho informe, el organismo supervisor denuncia que “se vienen registrando numerosas reclamaciones de consumidores que reciben llamadas telefónicas engañosas de diferentes comercializadoras, sin que este haya dado su consentimiento a recibir estas llamadas, y que pueden ocasionar contrataciones del suministro con deficiencias o sin un consentimiento informado”.
Respecto a la prohibición de contratar por teléfono, las compañías darán su opinión a través de las alegaciones que preparan para el reglamento en periodo de audiencia. Además de las grandes del sector, como Endesa, Iberdrola, Naturgy o Repsol, hay registradas hasta 500 comercializadoras, de las cuales, más de un centenar están inactivas.
El comunicado de la OCU recoge los resultados de una encuesta que revela que nueve de cada diez consumidores siguen recibiendo llamadas comerciales no solicitadas. A menudo, con reiteración: el 40% recibe más de seis llamadas al mes, especialmente de compañías energéticas, pero también de telefonía. Por este motivo, la organización ya exigió a la Agencia de Protección de Datos que iniciara labores de control, vigilancia y, llegado el caso, impusiera sanciones ejemplares.
La misma encuesta de la defensora de los derechos de los consumidores revela que en muchos casos no se sabe quién está llamando: una de cada cinco llamadas incumple directamente la normativa, ya que el teleoperador no identificaba a la empresa para la que trabajaba. Además, es habitual que los comerciales argumenten falsamente que el usuario está pagando tarifas muy elevadas, que se las van a subir o que cambia la ley y le va a salir más cara.
Al mismo tiempo, OCU recuerda que está pendiente desde 2023 la aprobación de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, otra normativa que “contribuiría decisivamente a limitar los problemas detectados, sobre todo con relación a la resolución de los abusos detectados, ya que agiliza y facilita las reclamaciones”, explica la organización.
