Fuente: El Economista
El Ministerio de Transición Ecológica ha puesto en funcionamiento este año la nueva tarifa eléctrica regulada PVPC. El nuevo sistema, que supone un mayor grado de desindexación del mercado mayorista, ha supuesto que durante los cinco primeros meses del año el coste haya sido un 15,9% superior que si se hubiese utilizado la fórmula previa, según los cálculos que realiza el consultor energético José F. Vidal.
El PVPC actual refleja una media aritmética de 104,37 euros frente a los 90,04 euros que hubiese registrado con el modelo anterior pese a la irrupción de los precios cero o negativos que se han registrado en los primeros meses del año.
La nueva metodología tiene en cuenta, además del precio medio horario (obtenido a partir de los resultados del mercado diario e intradiario), un término de ajuste calculado a partir del precio medio de los valores de una cesta de futuros con carga base con liquidación financiera (anual 54%, trimestral 36% y mensual 10%).
La CNMC aseguraba en su análisis sobre la medida del Gobierno que el cambio “no supone una ganancia relevante en estabilidad para este tipo de consumidor” y cifraba la volatilidad en unos 7 euros/ MWh en promedio, lo que supondría pagar 1,7 euros de más algunos meses y pagar esta misma cantidad de menos durante otros.
El organismo dudaba además sobre si tiene sentido que el PVPC sea la referencia de precio más adecuada para los consumidores vulneables y advierte que “esta reforma podría no dar los resultados esperados” y recomendaba analizar otras alternativas.
Los consumidores vulnerables, alrededor de 1,6 millones que están acogidos al bono social, además de ver como se ha incrementado el precio este año dejarán también de percibir el próximo mes el descuento adicional que suponía el escudo anticrisis.
En periodos en los que el mercado mayorista ha registrado precios cero e incluso negativos, la reforma ha impedido que el cliente pueda beneficiarse de la reducción total que hubiese podido lograr. Por contra, con los incrementos que se espera que se produzcan desde ahora hasta finales de año, el efecto puedo verse reducido.
El anterior PVPC, que fue beneficioso durante la mayor parte de los años para los consumidores domésticos hasta la llegada de la crisis, se llevó a cabo para cumplir con la exigencia de Bruselas de que España contara con una tarifa refugio de menor volatilidad.
La reforma servía, a su vez, para incrementar el interés en el mercado libre y acabar alcanzando el objetivo de que la tarifa regulada se reduzca al máximo y llegue principalmente a los consumidores vulnerables o vulnerables severos. De hecho, desde las eléctricas se insiste en que el acceso a la misma debería ser más restrictivo.
Este último extremo también se mejoró con la reforma ya que se obligó a empresas -a excepción de las micropymes- y entidades públicas a salir de la tarifa regulada.
Mecanismo ibérico
Durante la crisis energética, España puso en marcha el 15 de junio de 2022 el llamado mecanismo ibérico con el objetivo de desvincular el precio del mercado mayorista de electricidad del fuerte incremento registrado en los precios del gas.
La Comisión Nacional de Mercados y Competencia indica que, aunque es difícil estimar el ahorro para el mercado libre de la implantación, para los consumidores acogidos al PVPC se puede estimar que estaría en el entorno del 18% en el coste de la energía hasta el 31 de diciembre de 2022.
El mecanismo se prorrogó posteriormente hasta finalizar el 2023 pero desde marzo la bajada del precio del gas hizo que se desactivara este mecanismo. No obstante, durante 2022, el precio del mercado mayorista diario de electricidad en España fue de 131 euros/ MWh entre el 15 de junio y el 31 de diciembre, mientras que en Alemania fue de 283 euros y en Francia de 321 euros.
Como aspecto negativo, la medida supuso un fuerte incremento de la demanda de gas destinada a la generación de electricidad, que creció un 51,7%, por las altas exportaciones de electricidad motivadas en gran parte por la existencia de este mecanismos ibérico.
La Comisión Europea explicó en su resolución sobre la autorización del mecanismo ibérico que autorizaba esta medida excepcional para darle tiempo a España a reformar su PVPC. El Gobierno se comprometió a llevar a cabo esta reforma en el Real Decreto Ley 10/2022 que regulaba la excepción ibérica y que obligaba a reformar el Real Decreto 216/2014 por el que se establece la metodología de cálculo de la tarifa PVPC antes del 1 de octubre pero incumplió dicho acuerdo.
La CNMC explica que la decisión de los clientes elécticos de abandonar la tarifa eléctrica regulada PVPC y la contratación de muchas ofertas a precios fijos y únicos para todo el día ha eliminado su capacidad para reducir su factura gestionando su consumo y su contribución a la flexibilidad que precisa el sistema.
La actual estructura de peajes, en aplicación desde junio de 2021, incluye diferentes precios por tramos horarios, con el objetivo de tratar de incentivar a los consumidores a llevar a cabo cambios en sus comportamientos. Muchos de los contratos existentes en el mercado han eliminado estas diferencias, lo que hace desaparecer la señal de precios para el cliente. En un análisis llevado a cabo por el regulador, las ofertas publicadas por las comercializadoras de mayor cuota en España, casi el 60% incluyen algun tipo de discriminación (horaria, por periodo tarifario o por tramo).
