Fuente: El Economista
La energía es uno de los pilares de la legislatura, cuyo inicio estuvo marcada por la concatenación de precios eléctricos en mínimos históricos. El despliegue de las renovables ha sido el gran facilitador del aumento de la oferta, un caldo en el que grandes industrias, como los centros de datos, ven a España como un destino atractivo para traer sus empresas, hambrientas de energía. No obstante, el marco regulatorio se mantiene como uno de los grandes cuellos de botella del sector.
Empezando por la factura eléctrica. El año arrancaba con una nueva tarifa eléctrica regulada PVPC, que trajo una nueva metodología que tiene en cuenta, además del precio medio horario (obtenido a partir de los resultados del mercado diario e intradiario), un término de ajuste calculado a partir del precio medio de los valores de una cesta de futuros con carga base con liquidación financiera (anual 54%, trimestral 36% y mensual 10%).
El resultado durante los cinco primeros meses del año que el coste haya sido un 15,9% superior que si se hubiese utilizado la fórmula previa, según los cálculos que realiza el consultor energético José F. Vidal. En concreto, la media de precios refleja 104,37 euros frente a los 90,04 euros que hubiese registrado con el modelo anterior.
Otro de los grandes cambios normativos de este año ha sido la subida de la conocida como ‘tasa Enresa’, es decir, el gravamen que pagan Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP por gestionar sus centrales nucleares.
Transición Ecológica aprobó una subida del 30% hasta 10,36 euros por cada megavatio/hora (MWh) de la tarifa fija unitaria relativa a la prestación patrimonial de carácter público no tributario mediante la que se financia el servicio de Enresa, la entidad pública que gestiona los residuos radiactivos.
La subida ha terminado por ser algo inferior al plan inicial de Transición Ecológica, que pretendía elevar en un 40% la tasa a 11,14 euros/MWh, pero no ha sentado bien al sector que, según adelantó CincoDías, amenazan con reclamar daños patrimoniales.
La CNMC también ha jugado un papel relevante en la legislación anual. A comienzos de año sometió a información pública la propuesta para establecer el procedimiento de gestión de las conexiones de las plantas de biometano a la red. Transición Ecológica redireccionó el mandato de Competencia para que el proceso de acceso y conexión a la red fuera replicado con otros gases renovables, como el hidrógeno.
También para la industria de la cogeneración, la vicepresidenta Tercera, Teresa Ribera, aprobó el pasado junio la normativa que establece la metodología de actualización de la retribución a estas plantas, que este año rondará 1.400 millones.
