Fuente: El Economista
A falta de que se concrete a través del proceso de alegaciones durante el mes de diciembre, la planificación eléctrica para el periodo 2025 – 2030 contará con una inversión de más de 13.500 millones de euros para cubrir las necesidades del país y a cumplir los objetivos del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 (PNIEC). Esta cifra supone un aumento del 62% respecto a los estándares de inversiones, donde no se contabilizan los 1.520 millones de euros de interconexiones europeas, que están fuera de los topes de los límites de inversión.
Según destacó la vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, con esta propuesta se ha producido un cambio de paradigma energético en España. Si las planificaciones anteriores se orientaban a incorporar más energía renovable en el sistema eléctrico, ahora se va a prioriza atender las necesidades de los proyectos que quieren materializarse para consumir la energía limpia y competitiva del país, y aprovechar las oportunidades industriales, laborales, económicas y sociales de la transición energética. Así, la propuesta actual plantea atender a más de 27 gigavatios (GW), frente a los 2 GW que se han tratado de responder en la planificación vigente 2021 – 2026.
“Presentamos un marco para desarrollar una red eléctrica que nos permita seguir electrificando nuestra economía, una oportunidad país. Es un marco para anticipar el despliegue de redes durante esta década, impulsar proyectos de descarbonización y modernización de la economía y reforzar la competitividad de España. Avanzamos y necesitamos, ahora más que nunca, aunar esfuerzos ante el mayor reto que tenemos por delante, el cambio climático. Por eso es necesario alcanzar un Pacto de Estado frente a la emergencia climática, que anticipe y refuerce actuaciones y nos permita estar preparados, donde esperamos contar con todos los agentes”, señaló Aagesen durante la presentación.
De toda esa inversión (13.500 millones), el mayor volumen, un 25% del total, se invertirá en el refuerzo de la red con objeto de alojar los nuevos flujos derivados de la electrificación e integración de renovables; el apartado de enlaces supondrá el 23%, y el conjunto de actuaciones necesarias para dar apoyo a la red de distribución y conectar los nuevos consumos a la red de transporte asociados a la electrificación y digitalización de la sociedad, representará un 16%.
De esta manera, un 65% del total de la inversión –unos 8.840 millones de euros– se plantea para tres partidas principales como son las de reforzar las redes para absorber nuevos flujos derivados de la mayor electrificación y la integración de renovables, aumentar la cohesión territorial con nuevos enlaces entre sistemas, y actuaciones para dar apoyo a la red de distribución y conectar nuevos consumos en la red de transporte.
Atención para 27 GW
Por capacidad, la propuesta de planificación plantea atender 27,7 gigavatios (GW) desde la red de transporte, lo que implica multiplicar por 14 los 2 GW que atendía la vigente Planificación con horizonte 2026. Este fuerte crecimiento también se produce en la red de distribución, con 5,3 GW, y por eso la propuesta plantea un total de 422 ampliaciones de conexión (142 en la red de transporte para nuevos consumidores, 84 para agentes especiales, como ADIF y puertos, y 196 apoyos a la red de distribución), repartidos de la siguiente forma: 9 GW para proyectos industriales, 1,8 GW para desarrollos residenciales y nuevas viviendas, 560 MW para electrificación ferroviaria, 1,2 GW para electrificación portuaria, que permitan prácticas como abastecer las necesidades de las embarcaciones desde tierra, 13,1 GW para producción de hidrógeno verde y 3,8 GW para centros de procesamiento de datos.
En cuanto a las peticiones de acceso para la generación de electricidad, las peticiones de nuevas instalaciones de renovables reflejan que el país sigue siendo atractivo para atraer nuevas inversiones. En concreto, hay peticiones por 60 GW de nueva eólica —el doble de lo previsto en el PNIEC—, otros 150 GW de fotovoltaica —cinco veces más que en el PNIEC— y más de 100 GW de almacenamiento, que multiplican por nueve las previsiones del PNIEC.
Además, el plan para los próximos años contempla actuaciones de mejora en el 21% de la red y nuevos ejes para cohesionar y vertebrar más el territorio, con especial incidencia en zonas rurales. Estos refuerzos, por otro lado, facilitarán la integración de las renovables y el almacenamiento previsto –incluidos 6,6 GW de hidroeléctrica reversible–, limitando los vertidos esperados al final de la década al 3,3%.
Teniendo en cuenta la progresión del consumo, el escenario de estudio prevé una demanda de 375 teravatios hora (TWh) en el sistema peninsular, frente a los 344 TWh en el escenario PNIEC, con una punta de 61,4 gigavatios (GW), un 60% superior a la punta de 2024. En relación al nuevo parque generador, se estima la integración de 159 GW de renovables, así como disponer de más de 22 GW de almacenamiento.
Sobre las interconexiones fronterizas, la planificación incluye los proyectos del Norte con Portugal, del Golfo de Vizcaya con Francia y el refuerzo de la interconexión con Marruecos, con unas inversiones cercanas a los 5.000 millones de euros.
De todo el conjunto de actuaciones planificadas, más de 4.440 millones de euros permitirán rebajar el coste de suministro eléctrico y reducir las restricciones técnicas identificadas por la imposibilidad de integrar electricidad producida a partir de tecnologías renovables para asegurar el control de la tensión en condiciones de seguridad.
Planificación vigente
La planificación de la red eléctrica 2021-2026, aprobada por el Consejo de Ministros en marzo de 2022, marcó un antes y un después en la modernización del sistema eléctrico español. Nació en pleno proceso de transición energética, con el objetivo central de preparar la red para una integración masiva de nueva generación renovable, reforzar la seguridad de suministro y atender las necesidades de electrificación de la economía. Desde su concepción, se planteó como una herramienta estratégica: sin estas actuaciones, España correría el riesgo de desaprovechar hasta el 15% de la producción renovable prevista. Con su ejecución, los vertidos se reducirán al 4% y, de acuerdo con las previsiones del PNIEC, permitiría que las emisiones del sistema eléctrico cayeran un 66% respecto a 2019, situándose en torno a los 17 millones de toneladas de CO2 equivalente en 2026.
La planificación vigente incorpora proyectos que, según proyectaron, permitirían conectar hasta 37.000 nuevos MW de energías renovables, elevando su participación en el mix eléctrico al 67% en 2026. Para hacerlo posible, el plan está contemplando actuaciones de refuerzo ejes estratégicos y un amplio conjunto de nuevas infraestructuras, desde líneas y subestaciones hasta dispositivos avanzados de control y estabilidad, distribuidos por toda la Península y los territorios extrapeninsulares. Además, está dedicando cerca del 27% de la inversión a actuaciones específicamente orientadas a garantizar la fiabilidad del suministro, como a la alimentación de grandes demandas industriales, el refuerzo de la interconexión entre Península y Baleares, enlaces entre islas y la conexión de 13 nuevos ejes ferroviarios.
No obstante, la planificación no se ha mantenido inmóvil, sino que ha evolucionado a lo largo de los últimos años. En abril de 2024 se aprobó una primera modificación de aspectos puntuales —de carácter excepcional— para responder a necesidades urgentes surgidas desde 2022. Supuso una inversión adicional de 489 millones y la activación de 73 nuevas actuaciones destinadas a reforzar la descarbonización industrial, impulsar la economía del hidrógeno, mejorar la integración renovable y reforzar la seguridad de suministro. Apenas un año después, en julio de 2025, llegó una segunda actualización centrada en la resiliencia del sistema eléctrico. Introdujo herramientas de control avanzado, con la incorporación de reactancias y compensadores síncronos —un total de 833 Mvar y 2.135 Mvar, respectivamente— que reforzarían el control dinámico de la tensión y la estabilidad frente a oscilaciones tanto en la Península como en Canarias y Baleares. También se adelantó la instalación del FACTS serie de Pierola, se añadieron relés de maniobra controlada para optimizar la reposición del servicio y se reservaron posiciones específicas para conectar generación de emergencia, especialmente en el archipiélago canario.
El proceso de elaboración del plan se sometió a una estricta Evaluación Ambiental Estratégica, priorizando la reutilización de infraestructuras existentes y evitando las zonas de mayor sensibilidad ecológica o territorial. Gracias a este enfoque, solo un 13% de la nueva potencia renovable que se previó ha requerido nuevas subestaciones de transporte en zonas donde hoy existía posibilidad de conexión. La planificación también ha sido un ejercicio inédito de participación social, dado que por primera vez, ciudadanos, empresas y administraciones pudieron presentar alegaciones, superando las 3.200, demostrando un creciente interés social por el proceso de transición energética. Así, la planificación eléctrica 2021-2026 se ha convertido en uno de los pilares silenciosos de la transición energética española.
Planes quinquenales
La Planificación de la Red de Transporte es el instrumento normativo que establece las necesidades de desarrollo de la red de transporte de electricidad para periodos de cinco años. La planificación propuesta con horizonte 2030 se encuentra actualmente en fase de alegaciones, cuyo periodo concluirá el próximo 16 de diciembre. Hasta ahora, la propuesta ya ha superado una fase inicial de propuestas, incluyendo sugerencias de las comunidades autónomas y los sujetos del sector involucrados, y ha contemplado un informe con recomendaciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en materia de sostenibilidad económico-financiera a considerar en el desarrollo de la red. Del mismo modo, también ha superado una fase de estudios técnicos elaborados por Red Eléctrica.
Una vez que finalice la fase de alegaciones, el proceso se enfrentará a una segunda fase de estudios, en la que el Ministerio para la Transición Ecológica trasladará todas las consideraciones recibidas al operador del sistema (Red Eléctrica) para su análisis y la posterior propuesta de desarrollo. Y como colofón, la cartera ministerial elaborará una segunda propuesta más pulida, que incluirá la declaración ambiental estratégica emitida por el área de medio ambiente del ministerio competente. En ese punto, solo faltará su aprobación por parte del Gobierno, tras ser sometido al Congreso de los Diputados.
Desde el momento en que se apruebe la propuesta, cada uno de los proyectos contemplados deberá ser autorizado por la Administración General del Estado o por las comunidades autónomas, en función del tipo de red de transporte afectada (primaria o secundaria).