Fuente: El Periódico de la Energía
El Tribunal de Primera Instancia de Bruselas ha autorizado el embargo temporal de las tasas aéreas que el gestor de navegación aérea de España, Enaire, recauda a través de Eurocontrol, ante el impago por el Estado de un laudo condenatorio de 59,6 millones de euros por las primas a las renovables.
Según han informado este viernes fuentes del proceso, la decisión está relacionada con un laudo, dictado en 2019 y aún pendiente de pago, a favor de RREEF, empresa que invirtió en el desarrollo de varias plantas de energía renovable en Andalucía y se vio afectada por los recortes retroactivos de las primas.
Fuentes de Enaire confirman a EFE la decisión del tribunal belga, y aseguran que el servicio y los compromisos del gestor de navegación aérea español están garantizados mientras se soluciona este bloqueo.
Por su parte, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica avanzan que la Abogacía del Estado iniciará procedimiento de oposición, se abrirán otras vías de actuación litigiosa en paralelo y se impugnará el reconocimiento por parte de Bélgica, agotando todas las vías judiciales hasta la resolución.
En este sentido, añaden que, de acuerdo con la Comisión Europea, España no puede abonar los laudos resultantes de arbitrajes con sociedades afincadas en la Unión Europea porque vulneraría la normativa comunitaria sobre ayudas de Estado.
Desde su perspectiva, el laudo de RREEF es mixto, con una parte europea, por lo que se le aplicaría esta doctrina.
Hace seis años, el Ciadi, la corte de arbitraje dependiente del Banco Mundial y con sede en Washington (EEUU), reconoció a RREEF una indemnización de 59,6 millones de euros al entender que España violó el estándar de Trato Justo y Equitativo y los principios de estabilidad y transparencia al alterar de forma retroactiva las condiciones prometidas a los inversores.
A esta cifra hay que sumarle la acumulación de intereses desde el 30 de junio de 2014 a una tasa del 2,07%, así como distintas condenas en costas sufridas por España, lo que elevaría el total pendiente de pago a unos 73 millones de euros, explican ahora fuentes del proceso.
Estas fuentes relatan que la Abogacía del Estado se opuso a la ejecución alegando que, mientras siga abierta la investigación comunitaria, no se pueden ejecutar laudos derivados del Tratado de la Carta de la Energía.