Fuente: OK Diario
Faes, la fundación que dirige el expresidente del Gobierno José María Aznar, apuesta claramente por la energía nuclear, que es clave para impulsar la inversión y la competitividad de la economía española, según el último informe de la organización publicado con el título Las claves del éxito de la transición energética. Entre sus propuestas destaca el alargamiento de la vida útil de las centrales actuales hasta 60 años como mínimo, así como otras relacionadas con el sistema tributario. La Fundación también apuesta por potenciar el hidrógeno verde.
De acuerdo con dicho análisis, la fiscalidad sobre la energía nuclear es claramente discriminatoria con respecto a las demás tecnologías de generación, limpias o no. Actualmente, esta tecnología en España soporta el doble de fiscalidad que en Francia, por lo que el primer reto es hacerla viable económicamente para poder seguir disfrutando de sus ventajas hasta que no sea necesaria, ya que la reciente crisis energética mundial que hemos vivido por el alto precio del gas ha puesto de manifiesto la necesidad de valorar todas aquellas fuentes de energía que no dependan de los combustibles fósiles.
De acuerdo con Faes, «la estabilidad y garantía de suministro y la competitividad de nuestra industria exige revisar el calendario de cierre de las centrales nucleares, como tecnología libre de emisiones de CO₂ que evita la importación de combustibles y cuya renuncia prematura sería un despropósito desde el punto de vista medioambiental y económico». Actualmente, en España están operativos 7.000 MW nucleares que producen 56 TWh/año.
Sustituir esta producción con ciclos combinados, hasta la consolidación definitiva y plena de las renovables en el mix energético, incrementaría la demanda de gas en un 30% y las emisiones de CO₂ en 20 toneladas al año, lo que supone un aumento del 50% de las emisiones actuales en el sector eléctrico. En términos de coste, esto representaría un mínimo de 4.000 millones de euros, dependiendo del precio del gas, con el correspondiente impacto en la balanza por cuenta corriente.
Además, también habría que tener en cuenta el coste extra del CO₂, que rondaría otros 4.000 millones más al precio de hoy: un paso atrás en toda regla en la transición energética hacia la descarbonización y un paso adelante hacia precios de la electricidad más altos y volátiles. No obstante, no basta con revisar el calendario de cierre, sino también la artificial falta de competitividad a la que está sometida la energía nuclear en España.
La existencia de riesgos regulatorios futuros, y su papel como arma arrojadiza política, impiden la toma de una decisión al respecto de la inversión en ampliación de vida útil. Por ello, se propone aprobar la extensión de la vida útil de las nucleares, sobre todo una vez que la propia Comisión Europea ha reconocido a la energía nuclear como una energía limpia y una pieza clave en el proceso de transición energética por su naturaleza de energía firme de base, algo particularmente importante en España ante el cierre total del carbón y la escasez de agua, las otras fuentes de firmeza del sistema.
«Las centrales nucleares deben seguir operando al menos hasta los 60 años, con el control del Consejo de Seguridad Nuclear. Conviene recordar que en Japón se ha aprobado ya el plan de revisión de centrales nucleares para que puedan seguir funcionando más allá de los 60 años, igual que en Estados Unidos desde hace ya años», según se destaca. También habría que proporcionar un aval del Estado para la compra de combustible mientras se hace la tramitación de las nuevas licencias, así como reconocer los costes fijos de operación en el supuesto de periodo de inactividad de alguna central.
La energía fotovoltaica y eólica son ya tecnologías maduras que no requieren apoyos económicos. Simplemente, se debe apostar por facilitar su desarrollo y eliminar obstáculos administrativos. Pero en el caso de las centrales, éstas disponen de combustible únicamente hasta su fecha establecida de cierre. El tiempo de procesado y entrega del combustible nuclear asciende a 2 o 3 años desde su petición formal, por lo que, considerando el tiempo necesario para la tramitación administrativa y la obtención del combustible nuclear, no sería descartable que las primeras centrales con cierre previsto tengan que permanecer inactivas algunos meses o años hasta su reactivación, incurriendo en costes fijos de operación.
En otro orden de cosas, y según Faes, el hidrógeno verde está llamado a jugar un papel muy importante para mejorar la competitividad de la industria actual y para atraer nuevas inversiones a nuestro país. «Es una tecnología incipiente, pero se atisba una solución limpia y eficaz para el consumo energético no directamente electrificable, esto es, el relativo al transporte marítimo, la aviación, la industria que necesita muy altas temperaturas como el acero verde, el cemento o la industria que usa el hidrógeno como materia prima, entre otros».
Según la Fundación, el desarrollo de la industria del hidrógeno debe tener en cuenta que la competencia internacional en un sector naciente es ya hoy y será muy fuerte. La “ventaja competitiva” de España en cuanto a la irradiación solar para producir energía eléctrica barata se refiere sólo a la primera parte de la cadena de valor del hidrógeno. España actualmente no posee capacidades tecnológicas en materia de electrólisis, transporte y almacenamiento de hidrógeno.
Para no cometer errores tan onerosos para la sociedad española como ocurrió con la primera ola de generación eólica y fotovoltaica, debemos acometer una adecuada planificación que genere investigación y desarrollo industrial de electrolizadores in situ o, en su defecto, esperar a que sean otros países los que asuman la curva de aprendizaje de estas tecnologías hasta que los costes de la cadena de valor den sentido a la explotación de la ventaja competitiva de España, concluye Faes.
