Fuente: Invertia
Entre 2021 y 2023 España suspendió el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE), que grava con un 7% la generación de electricidad, con el objetivo de abaratar la factura de la luz y aliviar la carga económica de autónomos, pequeñas y medianas empresas, y al consumidor doméstico. Sin embargo, a finales de 2023, el gobierno decidió reintroducir este gravamen, una medida que ha tenido repercusiones directas en el precio actual de la electricidad, afectando a la competitividad de nuestro país.
España ha experimentado un notable incremento en la capacidad de generación de energías renovables. Según datos de Red Eléctrica, en 2024 la potencia renovable instalada aumentó en 7,3 GW, alcanzando un total de 85,14 GW, lo que representa el 66% de la potencia total instalada en el sistema eléctrico nacional. Este crecimiento refleja el compromiso del país con la transición energética y la reducción de emisiones de CO2.
En 2024, la generación de electricidad a partir de fuentes renovables alcanzó los 148.999 GWh, un incremento del 10,3% respecto al año anterior, representando el 56,8% del mix energético nacional. Este avance sitúa a España como líder en la adopción de energías limpias, destacando especialmente en la producción de energía solar y eólica.
La reactivación del IVPEE en 2024 ha generado ingresos adicionales para el Estado. Aunque las cifras exactas de recaudación no han sido publicadas oficialmente, se estima que este impuesto podría aportar alrededor de 1.153 millones de euros anuales a las arcas públicas. Esta estimación, realizada por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF), se basa en la aplicación del 7 % sobre los ingresos totales derivados de la actividad de producción e incorporación de energía eléctrica.
Esta proporción es mínima en comparación con otras fuentes de ingresos fiscales, lo que cuestiona la eficacia de mantener un impuesto que tiene un impacto tan reducido en las finanzas públicas pero que, al mismo tiempo, encarece la electricidad para consumidores y empresas.
Sin embargo, la recuperación del IVPEE ha generado un efecto inmediato en el precio de la electricidad. Al incrementar el coste de producción, este gravamen se traslada a los consumidores finales, encareciendo la factura de la luz en un momento en el que muchos hogares y empresas ya enfrentan dificultades económicas.
La medida, que debería ser un mecanismo para promover la sostenibilidad, se convierte en un factor que encarece la energía sin aportar beneficios concretos al medio ambiente.
Además, esta política impositiva coloca a España en desventaja frente a otros países europeos que han optado por modelos fiscales más flexibles en el sector energético. Mientras naciones vecinas continúan promoviendo la inversión en tecnologías limpias mediante incentivos y reducciones impositivas, la reincorporación del impuesto en España actúa como un lastre que desincentiva tanto la inversión nacional como extranjera en el sector.
La competitividad del país se ve mermada, afectando la capacidad de nuestras empresas para competir en un mercado global cada vez más exigente y en constante evolución.
El retorno del impuesto no solo impacta en el precio de la electricidad, sino que tiene efectos en cadena sobre toda la economía. Para las familias, el encarecimiento de la energía se traduce en un aumento de los gastos mensuales, lo que puede redundar en una menor capacidad de consumo y en la reducción de la calidad de vida.
Este escenario se agrava en un contexto de inflación y dificultades económicas, donde cada céntimo cuenta para mantener el equilibrio del presupuesto familiar.
Por otro lado, las empresas se ven obligadas a asumir mayores costes operativos, lo que puede reducir su competitividad tanto en el mercado interno como en el internacional. En un sector donde el precio de la energía es un factor clave para la inversión y la innovación, un impuesto del 7% se convierte en un obstáculo que limita la expansión y el desarrollo tecnológico. La presión fiscal adicional puede llevar a que algunas compañías reconsideren sus planes de inversión o incluso desplacen parte de su actividad a países con un régimen impositivo más favorable, lo que debilita la economía española.
Uno de los argumentos fundamentales para apoyar la transición ecológica es la necesidad de favorecer las energías renovables, que no solo son más sostenibles, sino que también ofrecen un mayor potencial a largo plazo para el desarrollo económico. No obstante, la aplicación del impuesto de forma generalizada penaliza a los proyectos de energía limpia en la misma medida que a aquellos que dependen de combustibles fósiles.
Esta política, lejos de impulsar la innovación en el sector, actúa como un freno que desincentiva a los productores a invertir en tecnologías que podrían reducir significativamente la huella medioambiental.
Si el gobierno realmente se comprometiera con una estrategia de reimpulsar la transición ecológica, lo lógico sería aplicar medidas fiscales diferenciadas que premien a quienes invierten en energías renovables y castiguen a aquellos que mantengan modelos de producción contaminantes.