Fuente: El Economista
La Comisión Europea ha pedido a España que presente una hoja de ruta para la eliminación gradual de la tarifa eléctrica PVPC para las microempresas y los hogares que no se consideren vulnerables o en situación de pobreza energética.
Bruselas reclama al Gobierno que valore la necesidad y proporcionalidad de la actual tarifa regulada –aprobada hace menos de un año– y realice una evaluación de los avances logrados para alcanzar una competencia de mercado efectiva entre los suministradores. Transición Ecológica deberá presentar antes del 1 de enero de 2025 un informe a la Comisión Europea sobre la necesidad de mantener la intervención pública, una evaluación de los progresos realizados para mejorar la competencia y un análisis del impacto financiero de los precios regulados en los suministradores.
Sobre las explicaciones que dé el Gobierno español, a más tardar, el 31 de diciembre de 2025, la Comisión revisará y presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la situación del mercado minorista, junto con una propuesta legislativa, si procede que podrá incluir una fecha límite para los precios regulados.
Según los datos recogidos por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), en el segundo trimestre de este año se han producido 1,98 millones de traspasos entre compañías eléctricas, lo que supone un récord histórico de cambios de comercializador (6,5 % de los consumidores frente al 5,2% del mismo periodo del año anterior), pero aun así las grandes eléctricas siguen acumulando alrededor del 85% de cuota de mercado.
El sector ha llegado a proponer en algunos momentos la puesta en marcha de tarifas disuasorias progresivas para clientes domésticos (con potencias contratadas superiores a 3 kW), tomando como modelo el proceso ya realizado en julio 2009 para las pymes (clientes con potencias contratadas superiores a 10 kW) con incrementos trimestrales del 2,5% sobre el precio regulado hasta un máximo anual del 10%. Esta transición debería realizarse a favor de un comercializador no vinculado al grupo empresarial de su área de distribución o limitar porcentualmente la cuota de clientes del comercializador dominante en una zona geográfica.
Bruselas reclama también al Gobierno español que facilite la transición a la libre competencia en el mercado mediante campañas de información periódicas, al menos trimestrales, para informar a los consumidores acerca de la disponibilidad de ofertas y ahorros en el mercado competitivo, en particular de los contratos con precios dinámicos de electricidad. Debe prestarse asistencia a los consumidores para que opten por una oferta basada en el mercado.
Más barato que el PVPC
De hecho, según los datos que facilita el comparador de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, en estos momentos hay un total de 39 ofertas que sirven para batir los precios que ofrece el PVPC. Algunas de las grandes compañías como Iberdrola, Endesa o Naturgy tienen ofertas en este sentido menores a las que están aplicando a los consumidores que se encuentran bajo la protección del PVPC.
Energy VM, Gesternova, Imagina Energía, Energía Nufri, Domésticas Gas y Electricidad, TotalEnergies o Plenitude tienen también en el mercado promociones que son capaces de batir el precio de la tarifa regulada PVPC con ofertas que se sitúan por debajo de los 500 euros para un cálculo anual de un consumidor tipo en Madrid, es decir, hasta un 15% más económicas.
Por su parte, el Gobierno explicó a Bruselas en su momento que a pesar de la existencia de este PVPC, los consumidores finales de electricidad pueden elegir en cualquier momento contratar su suministro con un suministrador del mercado libre. Aunque se trata de un precio cuya metodología viene determinada por el Gobierno, esta tarifa traslada al consumidor únicamente el coste de la energía en el mercado mayorista (diario o a plazo), el coste de las tarifas de red a través de las cuales se reembolsan los costes regulados del sistema y los costes incurridos por la comercializadora regulada (COR). El contrato PVPC no puede incluir ningún otro producto o servicio, energético o no, ofrecido directamente por la COR o por terceros.
La petición de Bruselas llega además en un momento en el que el Ministerio tiene previsto revisar la Estrategia de pobreza energética para tratar de reducir unas cifras que han crecido notablemente en el último año en España, según los datos de Eurostat.
Esta revisión debería servir para fijar un criterio de los usuarios que podrán acceder a la tarifa refugio y, probablemente, definirá también la capacidad de acceso por parte de las familias numerosas.