Fuentes: El Economista
Las espadas entre el Gobierno y las eléctricas están en alto por la retribución de las redes eléctricas. El Ministerio para la Transición Ecológica está elaborando su informe sobre la propuesta de Circular de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en la que se fija la tasa de retribución financiera. El regulador planteó, tal y como adelantó elEconomista.es, un 6,46%, por encima del 5,58% que se aplicaba en el anterior periodo regulatorio y que, de acuerdo con la normativa vigente, opera como límite máximo al no haberse aprobado una nueva referencia por parte del Gobierno.
La propuesta, que según la ley tiene que haber recibido el visto bueno previo del Ejecutivo, llega en un momento de alta tensión. El sector eléctrico, al igual que las principales entidades de banca de inversión, consideran que el 6,46% es insuficiente para atraer el volumen de capital necesario para las inversiones anunciadas esta pasada semana.
Las compañías reclaman que la tasa se eleve hasta el 7,5% para poder cubrir las necesidades de financiación y mantener o ampliar sus planes de inversión. El departamento que dirige Sara Aagesen deberá ahora volver a analizar la viabilidad de la propuesta y, en su caso, solicitar a la CNMC una revisión al alza. La dificultad radica en el encaje legal.
Según lo establecido en el artículo 7.1 de la Ley 3/2013, de 4 de junio, la retribución con cargo al sistema eléctrico y gasista no puede superar los límites que fijan la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y la Ley 18/2014, de 15 de octubre.
La Ley del Sector Eléctrico establece que en cada periodo regulatorio se debe fijar por ley un límite máximo de las tasas de retribución, referenciado al rendimiento de las Obligaciones del Estado a diez años en los 24 meses previos, más un diferencial que se determina en cada periodo.
Si al inicio del periodo regulatorio el Gobierno no concreta un techo, como ha ocurrido en esta ocasión, se entiende por prorrogado el del periodo anterior. Eso sitúa el máximo legal en el 5,58%.No obstante, la normativa contempla excepciones. De forma motivada, y previo informe del Ministerio, la CNMC puede proponer superar este valor cuando existan causas justificadas. En este caso, el organismo presidido por Cani Fernández ha calculado un 6,46% basándose en la evolución de los mercados financieros y en el encarecimiento del coste del capital.
El Gobierno deberá decidir ahora si la propuesta de la CNMC es suficiente pese a que ya excede el límite legal, o si pide una nueva corrección al alza y atiende las demandas del sector de elevar la tasa hasta el 7,5%. Para ello sería imprescindible un informe expreso del Ejecutivo que justifique la excepción y asuma el impacto en términos de costes para el sistema eléctrico y, en última instancia, para los consumidores.
Incertidumbres
El desenlace marcará un hito en la regulación de las redes. De un lado, porque determinará los ingresos de Red Eléctrica, Endesa, Iberdrola, EDP o Naturgy. De otro, porque enviará una señal a los mercados sobre la seguridad regulatoria y la capacidad de España para atraer inversiones.
Las empresas del sector, no obstante, consideran que este incremento debe producirse en todo caso para cubrir los riesgos que supone el cambio de modelo retributivo. La retribución depende de variables que no controla el distribuidor, como la potencia facturada. Esto puede retrasar el reconocimiento de inversiones durante años. Asimismo, se exige un nivel de eficiencia muy elevado, con recortes mayores en Opex y no incorpora aún aspectos que el Gobierno considera prioritarios como la digitalización, biodiversidad, seguridad técnica y, sobre todo, las inversiones anticipatorias.