Fuente: El Economista
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado a conocer este viernes una propuesta con la que busca reducir el fraude en el sector gasista, con soluciones que pretenden evitar los enganches ilegales a la red o la manipulación de los contadores que ponen en riesgo la seguridad ciudadana. Para ello, ha elaborado un informe dirigido al Ministerio para la Transición Ecológica con diversas propuestas, centradas en agilizar el procedimiento por el que las propias distribuidoras detecten el fraude y facturen los importes asociados. Todo ello sin menoscabar los derechos de los consumidores.
Según consta en su propuesta, la CNMC pretende situar al distribuidor como figura central para la detección del fraude y el cálculo de la energía defraudada. Cabe señalar que, hasta ahora, la tramitación de los expedientes administrativos por fraude recae en manos de las Comunidades Autónomas, resultando “un proceso poco operativo para tratar un fenómeno cada vez más extendido por la falta de consecuencias económicas para los defraudadores”.
De forma similar a la propuesta que presentó el verano pasado para el sector eléctrico, la propuesta de la CNMC recoge que los expedientes por fraude se inicien con una visita de inspección, que dará lugar al levantamiento de la correspondiente acta de inspección y a la valoración de la energía defraudada en cantidad y precio. De detectarse fraude, el expediente deberá notificarse al consumidor, quien dispondrá de un plazo para efectuar alegaciones, antes de que el distribuidor emita la facturación correspondiente al fraude.
Las malas prácticas obligarán al consumidor fraudulento a pagar los términos de facturación correspondiente a los peajes, cargos y coste de la energía, así como los costes del propio proceso de inspección. Para los cálculos, las compañías tendrán como referencia el precio del mercado Mibgas, y deberán sumar tanto los gastos generados como un “cierto margen comercial”. Del mismo modo, el regulador reconoce que cabe considerar que la facturación incorpore un efecto penalizador, de cara a desincentivar esta práctica, “por lo que no debe limitarse a la mera recuperación de las cantidades defraudadas”.
“En el caso de suministros a viviendas, cuando no sea posible estimar el consumo defraudado, se considerarán consumos estándares por vivienda en función de la zona climática definida en el código técnico de la edificación”, añade la CNMC en su informe.
La CNMC considera como fraude enganches directos no autorizados, la apertura de un punto de suministro que esté de baja sin un contrato o autorización de por medio, la utilización no autorizada de derivaciones sin pasar por el equipo de medida, la doble acometida en puntos de suministro con contrato, las alteraciones sobre los sistemas de medición o, en definitiva, “la utilización de cualquier otro medio cuyo fin sea impedir la correcta medición del consumo de gas”.
“Las conexiones ilegales a la red o la manipulación de los contadores son prácticas que van en aumento y suponen un fraude para el sistema gasista. Además de encarecer los costes para las compañías y los consumidores, generan riesgos relacionados con la seguridad ciudadana”, argumenta la comisión.