Fuente: Invertia
Casi nueve meses después del ‘gran apagón’ que dejó a oscuras a la Península Ibérica, aún la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sigue sin presentar lo que denominó el informe ‘definitivo’, del que se decía que iba a ser “muy exhaustivo”.
Según ha podido saber EL ESPAÑOL-Invertia de fuentes conocedoras, el organismo regulador se va a inclinar por descartar la elaboración de un nuevo documento, que se esperaba para el último trimestre de 2025.
En su lugar prepara ya expedientes sancionadores para cada uno de los posibles responsables del apagón.
“Los técnicos de la CNMC se están poniendo en contacto con las eléctricas con requerimientos de información, toma de declaraciones e inspecciones”, explican a este diario.
Aun así, en el verano pasado la CNMC aprobó un primer informe sobre el apagón sin señalar todavía responsables concretos, dejando abierta la puerta a nuevas actuaciones a la vista de información adicional.
Hasta enero de 2026 se han publicado al menos cuatro grandes informes específicos sobre el apagón del 28 de abril: el del Comité de Análisis del Gobierno, el de Red Eléctrica, el informe fáctico de ENTSO‑E y, en el ámbito privado, el estudio de Compass Lexecon/INESC TEC para AELEC, además de análisis académicos como el del IIT‑Comillas.
Datos de informes previos
Según las mismas fuentes consultadas por este diario, la CNMC va a elaborar los expedientes sancionadores en base a los informes previos presentados por otros organismos oficiales.
Y todo apunta a que el regulador buscará una responsabilidad compartida entre el operador del sistema, Red Eléctrica (Redeia) y las compañías propietarias de las centrales que debían aportar energía síncrona, y no lo hicieron.
No se conoce públicamente una lista de centrales concretas que “debían aportar esa energía síncrona y no lo hicieron”. Los documentos disponibles hablan en términos agregados (número de grupos y tipos de tecnología), sin identificar nombres de instalaciones o unidades concretas
Sin embargo, el informe presentado por el Comité de Análisis del 28‑A, dirigido por el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO), señalaba que el día anterior el operador programó 10 centrales síncronas con capacidad de regulación de tensión para el 28 de abril, pero el número final de centrales acopladas fue el más bajo del año, lo que dejó al sistema con capacidad de control de tensión insuficiente.
La identificación nominal de esos 10 grupos solo aparece, en su caso, en anexos técnicos no públicos o en documentación confidencial remitida a la CNMC, ENTSO‑E (la asociación europea que agrupa a los operadores de sistemas de transporte de electricidad) y al MITECO, no en las versiones divulgadas.
Hay quien señala al reactor I de la central nuclear de Almaraz (Cáceres), propiedad de Iberdrola, Endesa y Naturgy, y aunque los documentos públicos indican que Almaraz sí estaba en operación el 28 de abril, no especifican si ambos grupos estaban acoplados justo en el instante del colapso de tensión.
También podría apuntarse a la central de ciclo combinado de Arcos de la Frontera o la de Aceca, en Villaseca de la Sagra, entre otros, ambas propiedad de Iberdrola.
Y por último, también se podría señalar a algunas instalaciones (fotovoltaicas, eólicas y otras) que se desconectaron fuera de rango o incumplieron requisitos técnicos, y que pudieran haber tenido parte de responsabilidad en el proceso de colapso total de la red.
Procedimiento sancionador
En las próximas semanas se espera que finalice el proceso realizado por la CNMC que consiste primero, en la apertura formal del procedimiento (incoación), con identificación de posibles infractores, hechos imputados y norma presuntamente vulnerada.
Los responsables de la CNMC han recordado en declaraciones públicas que puede imponer sanciones muy elevadas si detecta infracciones graves de la normativa eléctrica (operación del sistema, calidad del suministro, obligaciones de información, etc.).
Puede imponer a las empresas responsables del apagón multas económicas de hasta 60 millones de euros por infracción muy grave y sanciones accesorias como inhabilitaciones temporales o pérdida de autorizaciones vinculadas al suministro, además de exigir indemnizaciones al sistema eléctrico si procede.
Es lo que la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico fija para estas infracciones pero que no pueden superar en ningún caso el 10% de la cifra de negocios anual del infractor o de su matriz.
La presidenta de la CNMC ha recordado que también cabe exigir a los responsables la restitución o indemnización de los perjuicios causados al sistema eléctrico, en función de lo que se acredite en los expedientes.