Fuente: El Periódico de la Energía
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha publicado en su web el informe sobre la reforma de la tarifa regulada de la luz que propone el Gobierno. Y en dicho informe, la reforma de Teresa Ribera no sale muy bien parada.
Los dos puntos más importantes porque se creó esta reforma del Precio Voluntario del Pequeño Consumidor (PVPC) fueron tratar de abaratar el precio y acabar con la alta volatilidad del mercado.
Según la CNMC, ninguna de estas premisas la cumple la actual propuesta del Gobierno.
“Con la metodología propuesta se incrementa el coste del suministro de las
comercializadoras de referencia al incorporar un componente de riesgo de volumen
y por otra, se añade un término adicional de apuntamiento de los precios para
reforzar la señal de precios de mercado de contado, que incrementa en
determinados escenarios el coste para el consumidor con respecto a lo que
representaría una cesta de productos de mercado de contado y de mercado a plazo”, señala la CCNMC en su informe.
Soluciona poco la reforma
Y es que la nueva metodología propuesta del PVPC, suavizará los incrementos de los
precios en escenarios de precios al alza y su vez, mitigará las reducciones,
en escenarios de descenso de precios.
“Teniendo en cuenta que actualmente estamos inmersos en un ciclo de precios elevados, la introducción de referencias a plazo en el PVPC mitigará el impacto de la bajada de precios, cuando esta se produzca, frente a la reducción inmediata que reflejaría un precio del PVPC con la metodología actual, en donde el 100% de la señal de precio corresponde al mercado de contado”, señala el regulador.
En cuanto a la volatilidad de los precios, la CNMC resalta que “la volatilidad entre meses dentro de cada año calculada como la desviación típica observada desde 2014 hasta noviembre de 2022, se sitúa en unos 7 €/MWh en promedio, lo que supondría, para un
consumidor medio, unos 1,7 € de más en algunos meses para pagar 1,7 € menos en otros meses, con respecto a la metodología actual, lo que en término medios, no supone una ganancia relevante en estabilidad para este tipo de consumidor”.
Por tanto, prácticamente no hay efecto en la volatilidad.
“Si bien la propuesta permite reducir en cierta manera la volatilidad de las facturas del consumidor acogido al comercializador de referencia, la nueva formulación incorpora una serie de costes que le pueden suponer un incremento del precio frente a la metodología actual”.
Más críticas
Pero la cosa no se queda sólo ahí. Hay más críticas contra la reforma del Gobierno. Por ejemplo, el regulador recomienda al Gobierno que espere unos meses a que finalice el plazo del tope al gas (mecanismo ibérico), que es el 31 de mayo, para evaluar cómo resultaría la nueva metodología propuesta.
“Sería conveniente realizar un análisis de la metodología propuesta del PVPC una vez finalice la aplicación del mecanismo de ajuste, que según prevé el mencionado real decreto-ley será el 31 de mayo de 2023, con el fin de valorar la necesidad y proporcionalidad de esta reforma en la metodología del PVPC”, afirma la CNMC.
Lo que no sabía la CNMC es que el Gobierno quiere ahora ampliar el plazo para extender el tope al gas hasta finales de 2024 ante su previsión de precios.
Consumidores vulnerables
Asimismo, critica la manera de cómo puede afectar la reforma al consumidor vulnerable. En este apartado, la CNMC cree que el Gobierno debe repensar su fórmula.
“Convendría revisar la metodología que se aplica a los consumidores vulnerables y en particular, reflexionar sobre la conveniencia de que el descuento del bono social sea calculado sobre el precio del PVPC, en tanto que estos consumidores pueden responder en menor medida a la señal del precio del mercado de contado”, señala el informe.
“A diferencia de lo que ocurre con el resto de consumidores acogidos al PVPC que cuentan con otras opciones disponibles, más estables en el mercado libre, los consumidores vulnerables requieren de una mayor protección por lo que cabría analizar otras alternativas que ofrecieran unas condiciones de precios más favorables y estables, aprovisionando a estos consumidores, por ejemplo, a través de la energía asignada en las subastas de energías renovables previstas en el Real Decreto 960/2020, de 3 de noviembre. Esta formulación del precio regulado que pagan los consumidores vulnerables y de su coste de energía, en particular, supondría una simplificación en el mecanismo de la financiación del bono social
cuyo diseño actual hace que recaiga, de forma acumulada, sobre el consumidor de electricidad”.
Y ahora, ¿qué?
Ahora el Gobierno estudiará el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y en base a ello tomará alguna decisión si lo cree conveniente. Cabe recordar que los informes de la CNMC no son vinculantes.
Tras ello, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico enviará al Consejo de Estado la propuesta normativa para que también realicen su informe correspondiente.
Con todo ello, la reforma podría estar lista para llevar al Consejo de Ministros a finales de enero o principios de febrero.
