Fuente: El Economista
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha convocado para el próximo 3 de diciembre a los consejeros delegados de las principales compañías de distribución de gas natural (Nedgia, Redexis, Madrileña Red de gas y Nortegas) con el objetivo de que su análisis sobre la situación del sector pueda ser escuchado por el pleno del organismo.
La finalidad de esta reunión es comenzar a analizar las circulares de retribución del sector para el próximo periodo regulatorio (2027-2032), después de un periodo en el que el negocio del gas se ha sentido maltratado por los recortes sufridos durante los ejercicios anteriores.
Según explicó Sedigas, que ya pasó hace varias semanas por una reunión similar con el pleno al igual que Enagás, estos recortes han ascendido a más de 2.500 millones en el periodo regulatorio en vigor, lo que ha dejado las cuentas de las compañías en una situación más complicada.
De hecho, el propio análisis llevado a cabo por la CNMC sobre la situación de la distribuidoras ya reconoce que si el modelo se queda tal y como está diseñado el sector podría registrar unas pérdidas de alrededor de 1.200 millones adicionales a los ya registrados en los años anteriores.
Fuentes del sector consultadas por este diario indican que el sistema retributivo actual es insostenible y aseguran que las empresas han sufrido una etapa de dificultades porque el modelo no retribuye los incrementos de costes de las materias primas, ni estaba preparado para hacer frente a crisis como las del coronavirus o la de la invasión rusa de Ucrania.
En medio de este debate, el Gobierno ha dado ya también a conocer las líneas generales de actuación con el objetivo de evitar la tensión que atraviesa ahora el sector eléctrico por la falta de inversiones en las redes de distribución.
Transición Ecológica emitió la semana pasada las orientaciones de política energética para la CNMC en las que les pide mantener, en la medida de lo posible, el régimen retributivo vigente para las infraestructuras existentes, en línea con los principios de estabilidad regulatoria y seguridad jurídica. Las metodologías, reclama, deberán tener en cuenta un escenario de demanda decreciente de combustibles fósiles, evitando que las decisiones regulatorias se traduzcan en incrementos de peajes incompatibles con un suministro asequible para los hogares o con la competitividad de las industrias intensivas en energía.
Se insta a maximizar el uso de las infraestructuras existentes, incentivar la prolongación de su vida útil cuando sea eficiente y dar de baja aquellas instalaciones que, agotada su vida regulatoria, no sean ya necesarias ni tengan perspectivas de generar ingresos adicionales.
La CNMC tendrá que presentar sus primeras propuestas entre diciembre y enero al sector.
Limitación para inversiones en infraestructuras de gas
Las nuevas inversiones en transporte, regasificación y distribución de gas natural solo podrán ser retribuidas si resultan necesarias para el despliegue de gases renovables, la mejora de la eficiencia, la reducción de emisiones -incluido el metano-, la digitalización de las redes o el refuerzo de la seguridad de suministro, con especial énfasis en la resiliencia del sistema ante contingencias. Este punto final resulta clave en un escenario donde la demanda eléctrica muestra una mayor dependencia del sector del gas.