Fuente: El Economista
El Ministerio de Industria, dirigido por Reyes Maroto, prepara una reforma del Real decreto que regula el Estatuto para los consumidores electrointensivos con la intención de poder extender las ayudas que recibe este sector para el consumo de energía.
Industria pretende adaptar el mecanismo de compensación de cargos a los consumidores electrointensivos y el procedimiento de certificación con las nuevas “Directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía 2022” de la Comisión Europea, con la intención de darle continuidad a este programa de ayudas durante toda la vigencia de las mismas.
La nueva normativa, que ha pasado ya por el análisis de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia y se encuentra en tramitación en el Consejo de Estado, distingue entre sectores “en riesgo significativo”, cuya ayuda máxima es del 85% de los costes subvencionables y sectores “en riesgo”, cuya ayuda máxima será del 75% (o 85% si además se cumplen con determinadas obligaciones).
La propuesta de decreto incluye una reducción del requisito de consumo en periodo tarifario valle del 50% al 46% que permitirá dar a entrada a un mayor número de empresas. Además, no se exigirá este requisito para el año 2022, ni en el periodo de aplicación del mecanismo de ajuste del RDL 10/2022.
La medida incluye además una aclaración sobre el plazo para solicitar una nueva certificación en caso de pérdida de la anterior y otorga un plazo de tres meses para disponer de los equipos, sistemas y comunicaciones de envío de previsiones. Asimismo la nueva normativa modificará las obligaciones en el ámbito de la gestión de la energía y la eficiencia energética. Por ejemplo, se tendrá que implementar al menos cada cuatro años, las actuaciones para la mejora del desempeño energético que puedan ser económicamente rentables y cuyos costes de inversión sean proporcionados, se requerirá invertir el 50% de la ayuda recibida en proyectos que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero.
Más sectores
La industria de la alimentación y fabricación de bebidas ha especificado durante el proceso nueve sectores que considera deben incluirse al encontrarse en una situación desfavorable y su exclusión no responde a causas objetivas, ni vinculadas a las estructuras productivas ni de costes, y con un eminente peso en la economía española. No obstante, el Gobierno considera que permitir la certificación como consumidores electrointensivos de instalaciones industriales que no realizan ninguna de las actividades del Anexo sería contrario a las Directrices comunitarias. Anarpla, la asociación de recicladores de plástico, opina que el hecho de que un sector salga de la lista de electrointensivos produce una inseguridad jurídica porque las empresas certificadas según la anterior normativa estaban ya realizando acciones para cumplir con las obligaciones y ya no van a poder certificarse.
Las compensaciones calculadas en estos términos serían aplicables a 1.180 consumidores y representaría para su conjunto una rebaja media de 1,70 euros/MWh en el precio de la electricidad. En total, la medida tendría un impacto de 76 millones para un año en Presupuestos Generales del Estado.
