Fuente: Cinco Días
Las empresas industriales con gran consumo de energía eléctrica han logrado que el Gobierno acepte su reivindicación de que se les compensen la totalidad de los costes de las emisiones indirectas de CO2 que permite la Unión Europea a España. Así, según ha anunciado el ministro de Industria, Jordi Hereu, su departamento dedicará 600 millones de euros a dicho mecanismo de compensación, frente a los 282 millones que ha recibido este año y que ha supuesto un 56% menos del límite legal permitido, según adelantó esta semana Cinco Días. Este programa de ayudas va dirigido a empresas de determinados sectores y subsectores industriales a los que se les considera expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono.
Para el titular de Industria “se trata de una decisión de enorme calado y un esfuerzo que se quiere mantener en los próximos años con el que el Gobierno de España quiere seguir ayudando a la industria electrointensiva en la transición energética a la vez que se asegura su competitividad, la producción y el empleo industrial en España”. Desde 2019 el Gobierno ha destinado cerca de 900 millones de euros para la compensación por los costes de emisiones de C02, pasando de seis millones en 2018 a los 282 millones de este año, que han beneficiado a más de 200 empresas electrointensivas.
El hecho de que otros países europeos hayan compensado el CO2 a su industria apurando la fórmula establecida por Bruselas y España no la hace menos competitiva respecto a sus rivales europeos, principalmente, franceses y alemanes, venía denunciando el sector. Según el último barómetro elaborado por la Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE), en noviembre la factura de energía eléctrica de un consumidor electrointensivo en España fue 2,9 veces el coste de la energía en Francia y 1,8 veces el coste en Alemania, o lo que es lo mismo, un 188% más caro que en Francia, y un 78% más caro que en Alemania.
Varias son las razones de esta brecha, según AEGE. Además de la desigualdad en la compensación del coste del CO2, la existencia del polémico impuesto del 7% a cualquier tipo de generación que las compañías eléctricas trasladan al consumidor final, y que no se aplica en el resto de Europa. Los tributos suponen 4,29 euros MWh para la gran industria, lejos de los 0,89 euros de Francia y los 1,38 euros de Alemania.
Más de 200 industrias españolas solicitaron para este año una subvención que fue convocada en julio por el Ministerio de Industria, y cuya regulación se remonta a un real decreto del 3 de mayo de 2022, para lo cual el Gobierno aplica la fórmula (hay una específica para cada país) que impone la normativa. A través de una resolución, este año las compañías electrointensivas han recibido 282 millones de euros, frente a los 228 millones de 2023, cuando la fórmula establecida por la UE habría permitido compensarles hasta 643 millones. El Gobierno, que alegaba la falta de margen presupuestario, había prometido en reiteradas ocasiones que llegaría al límite de ayudas legales, promesa que cumple ahora.
Este tipo de ayudas se otorgan sectores en riesgo de “fuga de carbono” (deslocalización de su producción) y a la competencia internacional con compañías de países que no cuentan con mercados de derechos de emisión de CO2 y, por lo tanto no tienen que adquirirlos para producir. La compensación que han recibido este año las industrias electrointensivas en España por el CO2 les ha rebajado la tarifa industrial en 15,60 euros/MWh, mientras que Francia es de 25,60 euros/MWh y en Alemania 48,60 euros/MWh. Además, la gran industria de Francia adquiere un 62% de su electricidad con contratos más competitivos que el precio de sus mercados eléctricos a través de la tarifa ARENH (para su producción nuclear), establecida en 42 euros/MWh.
Las mayores beneficiarias
Más de dos centenares de compañías de muy distintos sectores (siderúrgico, zinc, petrolero, químico, papelero, fertilizantes o automóvil) han solicitado este año compensaciones por el CO2 indirecto. Las dos mayores beneficiarias del total de 282 millones de euros que se han otorgado han sido Asturiana de Zinc, con 25,8 millones y ArcelorMittal España, con 19,8 millones.
La factura eléctrica de los clientes industriales está formada por los costes de adquisición de la energía, que incluye la energía en el mercado mayorista y costes añadidos al precio del mercado, así como por los peajes de acceso a las redes eléctricas, cargos e impuestos. Aunque en el caso español el precio de la energía y el de las redes es más bajo que muchos de sus competidores, los tributos y las menores ayudas encarecen la factura por encima de aquellos.
Hereu ha hecho este anuncio durante la clausura del Congreso de UGT-FICA en Málaga, donde ha reconocido la aportación de los sindicatos en el proceso de reindustrialización y transformación de la industria. Para el ministro, “un sindicalismo útil y responsable es un activo de primer orden para la política industrial nacional”, y ha repasado hitos, como el del acuerdo para invertir 4.100 millones de euros en una nueva planta de baterías en Figueruelas.