Fuente: Voz Pópuli
La idea que tiene el Gobierno para reformar el mercado eléctrico no convence a las grandes eléctricas españolas. Una postura que defienden estos días con una intensa agenda de ‘lobby’. Asociaciones como Aelec (Iberdrola, Endesa y EDP) o la Asociación Eólica Empresarial, que lideran las mismas, lideran distintos eventos para mostrar una oposición frontal a la medida. Una agenda que se completa en Bruselas.
“La propuesta española parte de premisas erróneas”, defendía este jueves Marina Serrano, presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) en un evento organizado por el Centro de Innovación del Derecho de Comillas ICADE. “Se basa en un supuesto fallo del mercado y en los llamados beneficios caídos del cielo, pese a que se ha demostrado que más del 70% de electricidad que se ha vendido se ha hecho por debajo del pool”, añadía la representante empresarial.
Según explican fuentes del sector, las próximas semanas son claves para que la propuesta española pierda fuerza. Se espera que el próximo 14 de marzo la Comisión Europea emita la versión final de su reforma del mercado eléctrico. Las empresas consideran que es “un momento decisivo”, están molestas porque “no se contó con nosotros para la propuesta” y, si Bruselas compra este discurso, se pone “en peligro las nuevas inversiones en energía verdes”.
Iberdrola y Endesa seguirán moviendo ficha la próxima semana. Según destacan las mismas fuentes, entre otros eventos, el próximo 14 de febrero la Asociación Eólica Empresarial ha convocado a todo el sector y algún miembro del Ministerio para la Transición Ecológica en un evento titulado ‘La eólica y el mercado’, donde el primer punto del programa aclara que se abordará “el nuevo diseño del mercado eléctrico”.
Movimientos en Bruselas
La oposición de estas empresas a la reforma del Gobierno también se ha explicado este mes a la Comisión Europea. La pasada semana, representantes de Iberdrola se reunieron con Ditte Juul Jørgensen, máxima responsable de la Dirección General de Energía (ENER) de la Comisión Europea. Según consta en el registro de transparencia europeo de grupos de interés, Iberdrola mantuvo este encuentro de forma presencial para debatir sobre “Diseño del mercado eléctrico”.
Una misma jornada en la que el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, se encontraba en Bruselas liderando la comitiva de la Renewable Hydrogen Coalition, una asociación de empresas para el desarrollo de proyectos de hidrógeno renovable que preside.
Galán y representantes de empresas como Acciona o EDP se vieron las caras con el vicepresidente de la Comisión Europea encargado del Pacto Verde Europeo, Frans Timmermans, y con Stina Soewarta, jefa de Gabinete de la vicepresidenta y comisaria de Competencia, Margrethe Vestager. Aunque, en principio, solo se habló de hidrógeno.
¿Qué diferencia al Gobierno de Endesa e Iberdrola?
La reforma del mercado eléctrico europeo que propone el Gobierno tiene como objetivo, según detallaba en enero la ministra Teresa Ribera, rebajar los precios y reducir la volatilidad, mientras se avanza en la senda verde.
Para ello, la propuesta se fundamenta en imponer un mercado a plazo mediante subastas, contratos por diferencias con los generadores de renovables, que percibirán un precio fijo durante toda la vida útil de las instalaciones, de un modo similar al sistema aplicado en España.
Su idea es que la generación renovable refleje los costes medios de las instalaciones, garantizando su rentabilidad y trasladando la rebaja a los consumidores. “Aquellas tecnologías no contestables, en las que apenas hay competencia, por escasez de recurso o falta de apoyo social y político, como hidroeléctricas y nucleares, el contrato por diferencias se materializará a un precio regulado”, destaca la medida.
Estos contratos por diferencias a largo plazo se complementan con el desarrollo de mercados de capacidad que retribuyan a las instalaciones de generación y de almacenamiento, o a la gestión de la demanda, por estar disponibles y garantizar el suministro.
Para empresas como Iberdrola y Endesa esta medida genera “incertidumbre regulatoria y afectará a las inversiones que el sector”. Es más, de aprobarse, avisan que supondrá un “castigo” a los planes de expansión que ya tienen comprometidos.
Su crítica también se fundamenta en que más del 70% de la energía de las compañías españolas está ya vendida y comprometida a plazo. Por lo tanto, ven clave que cualquier cambio estructural del mercado debería de realizarse con el máximo consenso entre el regulador y los operadores.
