Fuente: El Economista
El ruido generado desde hace semanas en torno a Almaraz parece haber surtido efecto. Tanto Iberdrola como Endesa, las dos mayores titulares de centrales operativas en España, han aprovechado que el foco mediático estaba situado en sus propias sedes –ambas han presentado resultados de 2024 este jueves– para manifestarse, tal y como les reclamaban desde muchos sectores, a favor de prolongar la vida de los reactores. Aunque eso sí, con algunos asteriscos.
Casi con un guion calcado, Ignacio Sánchez Galán (presidente de Iberdrola) y José Bogas (CEO de Endesa) se han postulado partidarios de la energía nuclear y se han mostrado abiertos a “analizar y discutir” con el Gobierno un posible aplazamiento del calendario de cierres si la seguridad energética del país estuviese en peligro, pero sobre todo si se revisa a la baja la carga fiscal sobre la actividad de las centrales, ya que tal y como está configurada actualmente no es rentable.
Bogas, quien más ha ahondado en la cuestión, cree que nos encontramos en un contexto muy distinto a 2019, cuando Enresa y las propietarias acordaron los sucesivos cierres, contemplados entre los años 2027 y 2035. Entonces no había una crisis energética, una guerra en Europa ni una necesidad tan intensa por el autoabastecimiento energético. Tampoco los centros de datos ni la climatización exigían tanta demanda. “La hipótesis del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) barajó en su momento que no habrá riesgo de suministro, pero para que se alancen los objetivos se tienen que cumplir las metas en cuanto a bombeo y a almacenamiento. Y según las previsiones que manejamos, vemos difícil que se cumplan”, ha explicado Bogas. Por todo ello, desde Edesa creen en la necesidad de abordar la cuestión y despejar dudas. “Todo esto nos lleva a expresar nuestro deseo de discutir los pros y los contras de variar las fechas que hoy están establecidas en el PNIEC”, ha afirmado.
Más allá de los objetivos energéticos y del abastecimiento, la clave de la cuestión sigue estando en la rentabilidad económica que implica mantener las centrales operativas, supeditadas a la imposición fiscal y a la carga de tasas.
Un informe de PwC señalaba recientemente que el parque nuclear español soporta una creciente carga fiscal que incluye conceptos redundantes y no justificados, aumentando sus costes hasta niveles económicamente insostenibles. Según sus datos, la fiscalidad que soportan las centrales se ha incrementado más de un 70% en los últimos 5 años, y entre 2025 y 2035 podría suponer más de un 40% de sus costes totales. La principal carga que soportan es la Tasa Enresa, la cual se destinará a cubrir los gastos de desmantelamiento y gestión de residuos. Después aparecen dos impuestos de carácter estatal, mientras que la Ecotasa la estableció cada comunidad autónoma, justificada en base a razones medioambientales.
Del mismo informe se desprende que los costes para el periodo 2025-2035 serán, de media, de 66,9 euros/MWh. Dado que las expectativas del pool a largo plazo se sitúan en 56,3 euros/MWh, lo que implica que bajo esta configuración no serían rentables. Sin embargo, PwC calcula que 12,1 euros/MWh del total corresponden a cargas no justificadas, y que sin ellas la operación nuclear podría ser viable.
“Hoy en día, de los 65 euros por mantener una central, en España se soportan unas cargas fiscales de 17 euros y unas tasas de 10 u 11 euros. El corto espacio de tiempo en el que las centrales tendrán que pagar los costes de desmantelamiento hacen que actualmente no sean competitivas. Si se quitasen las cargas fiscales, serían uno de los modelos de producción más competitivos”, ha considerado Bogas.
Respuestas desde la política
Tras estas declaraciones, las reacciones ante las peticiones empresariales no se han hecho esperar. Los populares extremeños han pedido que la Asamblea inste al Gobierno de España a elaborar una estrategia para prolongar la vida útil de la central nuclear de Almaraz.
Por su parte, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha agradecido la predisposición expresada por las compañías que poseen la mayoría de la propiedad de Almaraz I y II. “La prórroga de la central nuclear de Almaraz es vital para Extremadura y para España”, ha afirmado la dirigente regional.
Mientras tanto, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del Gobierno (MITECO), Sara Aagesen, ha contestado un escueto “tendremos que ver lo que están proponiendo”.